El Ayuntamiento de Tarifa ratifica el convenio por el que recibe la iglesia de Santiago a cambio de un terreno en Albacerrado para el Obispado

La plataforma ciudadana Tarifa no se vende ha mostrado su rechazo a la ratificación del convenio firmado en 2015entre el Ayuntamiento y el Obispado de Cádiz y Ceuta, cuando Juan Andrés Gil (PP) era el alcalde, por el que el Consistorio recibirá la titularidad de la iglesia de Santiago, que se encuentra en la Lista Roja del patrimonio de Hispania Nostra por su mal estado de conservación, a cambio de un terreno urbanizable de 2.000 metros cuadrados en Albacerrado. Este punto fue aprobado en el pleno celebrado el pasado 21 de noviembre.

El equipo de gobierno, formado por PP y Nuevos Aires Tarifa, argumentó la ratificación de este convenio en la necesidad de acometer la reparación de la espadaña de la iglesia de Santiago, que corre peligro de derrumbe, para llevar a cabo más adelante la reforma total del edificio para destinarlo a un uso cultural. Sin embargo, el concejal del PSOE Fran Terán recordó que existe un informe de 2018 que sostiene que la propiedad del edificio es municipal y que no era necesario ratificar este convenio para actuar sobre la iglesia.

Tarifa no se vende lamenta que en virtud de este convenio el Ayuntamiento reciba la titularidad de la iglesia de Santiago, de 375 metros cuadrados, por una parcela urbana de 2.000 metros cuadrados en Albacerrado que se cederá al Obispado. "No es de recibo que con el problema del escaso suelo urbano disponible en el municipio y el grave problema de acceso a la vivienda de la gente de Tarifa, el Ayuntamiento se arrodille ante el Obispado y se comprometa a cederle terreno público urbano en la zona de desarrollo urbanístico de Albacerrado a cambio de las ruinas de la iglesia de Santiago, cuya rehabilitación y uso posterior son incluso impuestos por el propio Obispado al Ayuntamiento", indica la plataforma.

"La cesión de la iglesia de Santiago al Ayuntamiento por parte del Obispado no es gratuita. La pagaremos la gente de Tarifa con la pérdida del cada vez más escaso suelo público urbanizable. La asamblea de la plataforma ciudadana Tarifa no se vende, celebrada el 2 de diciembre, rechaza el convenio ratificado, ya que entiende que el escaso suelo urbano del que podemos disponer debe ser destinado a equipamientos de uso público y viviendas asequibles a la ciudadanía que habita nuestro municipio", lamenta el colectivo.