La Junta de Andalucía va a dar un esperado impulso administrativo al proyecto de fondo de barril que Cepsa prevé desarrollar en la refinería de San Roque. Una inversión de casi 1.000 millones de euros, clave para garantizar la continuidad a largo plazo de la factoría, que será declarada por el Gobierno andaluz de carácter estratégico para la comunidad autónoma. La Comisión Delegada de Asuntos Económicos iniciará mañana el trámite para esta declaración a instancias de la Consejería de Economía.

Este reconocimiento como inversión de carácter estratégico permitirá una tramitación preferente por parte de las distintas instancias de la Administración autonómica en la obtención de permisos, licencias y autorizaciones fundamentalmente en materia urbanística, medioambiental o industrial. Es decir, la tan reclamada (por el grupo Cepsa y por todas las industrias) agilización administrativa para llevar adelante un proyecto que comenzó a planificarse hace varios años.

Esta inversión permitirá procesar las partes más pesadas del crudo, que ahora se destinan a combustibles pesados, para fabricar otros de más valor añadido, con un menor contenido de azufre. La refinería de San Roque se adaptará así a las nuevas necesidades de mercado, en el que cada vez se consumen menos productos pesados (actualmente, estos fueles pesados suponen el 20% de la producción de la instalación). Según los datos aportados por Cepsa, durante la fase de construcción se crearán 2.000 empleos y 355 se mantendrán durante la fase de explotación.

El proyecto se ha topado de frente con la burocracia. En noviembre del pasado año el Ayuntamiento de San Roque culminaba los trámites urbanísticos iniciados en 2012 para hacer posible la ampliación del suelo productivo de la refinería, necesaria para la nueva instalación. Cepsa inició incluso movimientos de tierra pero en el mes de mayo el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, anunciaba que la inversión estaba paralizada por trabas administrativas. Y se comprometía una vez más a simplificar los trámites que asfixiaban a las industrias.

Una de las demandas de la multinacional petrolera era lograr la declaración de interés estratégico de Andalucía para su inversión, una figura recogida en una Ley de 2011 que conllevará la reducción de los plazos a la mitad e implicará que su desarrollo se realice mediante la contratación prioritaria de personas desempleadas.

La declaración del proyecto de inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía corresponde a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Entre otros aspectos, este órgano del Gobierno andaluz valora la viabilidad económico-financiera de la iniciativa, su impacto económico en el conjunto de la economía y los efectos de arrastre en otros sectores, la generación de empleo, el grado de innovación tecnológica, la compatibilidad con la sostenibilidad ambiental y la repercusión sobre la vertebración territorial y social de la comunidad autónoma. Será este órgano el que inicie la tramitación del expediente mañana y será también el que lo cierre, al igual que ha hecho con la ampliación planteada por el Grupo Cosentino en Almería, sobre la que informó hace una semana el consejero, Rogelio Velasco.

El propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reiteraba hace dos semanas en la presentación de la memoria de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar la intención del Gobierno autonómico de potenciar y atraer la inversión industrial con esta y otras medidas, reduciendo las “trabas regulatorias y administrativas” y poniendo en marcha la figura del project manager, un especialista encargado de acompañar y ayudar a las empresas desde el principio al final de la tramitación de sus proyectos. También comprometía una rebaja de la presión fiscal. El objetivo último, remarcó Moreno, es que la industria suponga un 18% del Producto Interior Bruto de Andalucía; ahora está en el 12%.