La farmacia es un agente vertebrador de equidad en el ámbito de la salud. Esa es, al menos, la premisa que sustenta el modelo español y que el sector defiende, en mayor o menos medida, ante las tendencias liberalizadoras que atañen a todo actor estratégico del sistema sanitario. Y así lo explica el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos en colaboración con las 14 organizaciones que conforman el Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica, que acaba de publicar el informe Determinantes Sociales de la Salud: abordaje desde la visión de la sociedad civil. El trabajo, presentado en el Congreso Nacional Farmacéutico que se ha celebrado estos días en Madrid, repasa las principales fisuras que erosionan la equidad y algunas aportaciones de la realidad del sector boticario que tratan de sellarlas.

Desde el año el año 2007, la Organización Mundial de la Salud estableció el marco teórico de los determinantes sociales de la salud, indicando como factores condicionantes el contexto económico y político, el estilo de vida, el nivel educativo, la ocupación, el género o la raza. Para explicar qué pintan los profesionales de la botica en todo esto, hay que atender a su principal ventaja: la capilaridad y proximidad de la extensa red de oficinas de farmacia que existen en España.

Su principal potencial reside en el carácter vertebrador que, desde lo sociosanitario, ejerce la red de más de 22.200 farmacias y 56.500 farmacéuticos comunitarios. La profesión farmacéutica lleva a cabo iniciativas asistenciales y sociales, como la identificación de situaciones de riesgo de personas vulnerables, servicios de promoción de la salud y prevención, y la comunicación y derivación a otros profesionales u organismos competentes, que actúan directamente y permiten reducir las desigualdades en salud.

Esta situación es especialmente visible en las zonas rurales, donde no siempre el sistema sanitario está bien asentado y extendido. Pueblos y comarcas donde no hay centro de salud, pero sí oficinas de farmacia. En España existen más de 5.000 farmacias en municipios rurales, repartidas por el 90 % de los municipios rurales de pequeño tamaño, menos de 5000 habitantes, y casi el 70 % de micromunicipios rurales, menos de 800 habitantes. Estas farmacias se caracterizan por no contar con muchos empleados, la mayoría disponen de un único titular farmacéutico y una media de 1,59 empleados; y tener una facturación baja. De hecho, más del 80% de las farmacias que se encuentran en situación de Viabilidad Económica Comprometida se encuentran en municipios rurales).

El informe explica que, sin embargo, estas farmacias ofrecen las mismas actividades asistenciales que las urbanas e incluso, en ocasiones, son más frecuentes cuanto menor es el tamaño del municipio, como ocurre con el seguimiento de la adherencia terapéutica o la dispensación domiciliaria. Además, se ha observado un efecto protector de las farmacias frente a la despoblación en medio rural: entre 2008 y 2021, los municipios de menos de 2000 habitantes que perdieron menos población en edad de trabajar y población femenina fueron aquellos en los que había una farmacia.

Durante el encuentro que acogió la presentación de este informe, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, defendió que la farmacia en España ya es un modelo promotor de equidad y es necesario trabajar en una mayor continuidad asistencial entre Atención Primaria y Farmacia Comunitaria. “No puede ser que, a día de hoy, la relación entre los centros de Atención Primaria y las oficinas de farmacia dependan de la existencia de voluntades concretas, particulares y singulares de las personas que trabajan allí”.

Al estudio acompaña un decálogo que plantea la necesidad de integrar los determinantes sociales en la investigación en salud; romper con la transmisión intergeneracional de la inequidad; fomentar estrategias de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y protección social; priorizar las políticas de cuidados; respaldar el acceso a una vivienda de calidad y a entornos saludables; reforzar la atención a la salud mental, la detección de la soledad no deseada y la prevención de la violencia; entre otras medidas.