Un tribunal militar ha ordenado reabrir la investigación sobre el accidente ocurrido en 2011 en el Campo de Tiro de El Palancar, en Hoyo de Manzanares (Madrid), en el que cinco militares murieron al explotar unas minas anticarro, supuestamente caducadas, mientras se entrenaban antes de partir a una misión internacional en el Líbano.

Uno de los militares que resultó herido en este siniestro, el asidonense José Manuel Candón, ha expresado su satisfacción por esta decisión, que obedece a que el Tribunal Militar Territorial Primero ha estimado el informe pericial que remitió en un recurso de queja y en el que detallaba posibles negligencias que desencadenaron aquella tragedia.

"La puerta está abierta de nuevo. Tenemos esperanza", declaró José Manuel Candón

"Llevamos años luchando por esclarecer lo ocurrido, sabemos que tenemos razón, que lo sucedido no fue un hecho fortuito y pudo ser evitado", señala en una carta remitida a los medios Candón, cuya carrera militar como desactivador de explosivos quedó truncada en aquel accidente en el que perdió un ojo y el 85% de la visibilidad en el otro, entre otras secuelas, pues además tiene reconocida una discapacidad entre el 79 y el 97%.

Dos militares que resultaron heridos graves en dicha explosión hace siete años, el teniente de Infantería de Marina José Manuel Candón y el también infante, el brigada Raúl González, interpusieron el recurso de queja que ha motivado que el caso se reabra ahora, algo que les hace sentirse convencidos de que "saldrá la verdad" sobre el accidente y obtendrán así "justicia de una vez".

El accidente tuvo lugar el 24 de febrero del 2011 en el Campo de Maniobras El Palancar, cuando un equipo de expertos militares en desactivación de explosivos realizaba unas prácticas antes de ser desplegados en el Líbano.

La investigación sobre el accidente "quedó archivada en unas simples diligencias previas en octubre del 2013", sin apreciarse ninguna responsabilidad. Este archivo fue recurrido por José María Candón y Raúl González.

En su recurso aportaron un nuevo informe pericial que "desmonta completamente la versión oficial de lo ocurrido", ha apuntado Candón, que ha asegurado que "son muchos los atisbos y pruebas que evidencian una posible responsabilidad penal en lo ocurrido".

Entre otras cuestiones evidencia "dudas razonables" sobre la cadena de custodia y conservación del material explosivo que provocó el accidente.

Las minas contracarro estaban "fuera de su vida útil, caducadas de hacía años" y "bajo ningún concepto" debieron ser "entregadas para prácticas como fue el caso".

Ahora, el Tribunal Militar Territorial Primero, en un auto dictado el 12 de abril, ha ordenado "proceder al desarchivo del procedimiento y garantizar con plenitud un nuevo pronunciamiento judicial sobre lo sucedido respetuoso con los principios de publicidad, contradicción e inmediación judicial".

"La reapertura de la investigación plantea la posibilidad de que se depuren responsabilidades, por acción u omisión, por parte de los responsables de la entrega y custodia de los explosivos", añade. "La puerta está abierta de nuevo. Tenemos esperanza", concluyó Candón.