El pasado viernes, durante un foro organizado en Cádiz por el Grupo Joly, editor de este periódico, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, le señaló al diputado José Luis Ábalos el camino de la renuncia a su escaño en el Congreso y su apartamiento de la vida política. No es para menos. Se trata de un movimiento de defensa del Ejecutivo y del PSOE ante las revelaciones de que un estrechísimo colaborador de Ábalos durante su paso por el Ministerio de Fomento, Koldo García Izaguirre, urdió una trama para el cobro ilegal de cuantiosas comisiones por la compra de mascarillas en lo más duro de la pandemia. Nadie sabe todavía hasta dónde van a llegar las consecuencias de estos hechos, en la actualidad bajo investigación judicial, pero ya se puede afirmar con seguridad que es el caso de corrupción más grave al que se tiene que enfrentar Pedro Sánchez desde su llegada a la Moncloa hace cinco años. Que en el centro de las investigaciones aparezca el que un día fuera brazo armado del primer sanchismo y más tarde todopoderoso ministro de Fomento, no debe sorprender: su fulminante caída en desgracia tras su salida del Ejecutivo en 2021 nunca ha sido explicada. Aunque no existe hasta este momento ningún reproche penal a la conducta del ex ministro, nadie puede dudar de su responsabilidad política. Él convirtió a Koldo García en su principal asesor en el Ministerio tras haber sido su chófer y asistente y lo colocó en el consejo de administración de Renfe Mercancías. Si cualquier caso de corrupción es grave y merece el máximo reproche social, uno cometido cuando la emergencia sanitaria del Covid apenas podía ser combatida por la carencia de medios y miles de personas morían víctimas de la enfermedad es especialmente repulsivo. El Gobierno debe actuar con la máxima firmeza para atajar sus consecuencias y la salida de Ábalos de la vida política se antoja una primera exigencia inmediata aunque, desde luego, no la última.