El ruido provocado por las revelaciones de que un estrecho colaborador del que fuera ministro de Fomento José Luis Ábalos percibió cuantiosas comisiones ilegales en lo más duro de la pandemia y la peripecia política que ha terminado con el propio Ábalos en el Grupo Mixto y a las puertas de ser expulsado del PSOE, ha tapado durante unos días la polémica en torno a la amnistía. Pero las negociaciones no se han interrumpido y se acerca el final del plazo, que concluye el 7 de marzo, para que el Congreso desatasque su tramitación tras el plantón que Junts le dio al Gobierno. Si finalmente las negociaciones terminan sin acuerdo, lo cual a día de hoy es una posibilidad real, Pedro Sánchez tendrá que comenzar la legislatura prorrogando los Presupuestos de 2023. Lo rocambolesco y extraño de la situación política que atraviesa España hace que la amnistía y el Presupuesto se hayan convertido en un binomio indisociable y la primera es condición indispensable para que el segundo salga adelante. Es un episodio más del chantaje al que la minoría independentista catalana tiene sometido al Gobierno de España. Un chantaje que condiciona la propia viabilidad de la legislatura. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconocía la semana pasada que la viabilidad parlamentaria de las cuentas del Estado para 2024 dependía de los siete votos que sólo se conseguirán si la amnistía se convierte en una norma que vaya al Boletín Oficial, aunque daba por hecho que esta circunstancia se produciría. En cualquier caso, no deja de ser una anomalía política que refleja hasta qué punto se ha subvertido en España la normalidad institucional. Los pactos cerrados por Sánchez para asegurarse el poder han puesto instrumentos tan importantes, como son los Presupuestos, en manos de un grupo que no cree ni en el Estado ni en el sistema democrático y que busca sólo sus propios intereses y eludir la acción de la Justicia.