Andalucía cuenta por fin con un marco regulatorio que permitirá a los ayuntamientos poner orden en lo que hasta ahora ha sido un campo sin vallar: la proliferación de pisos turísticos, que ha supuesto una auténtica revolución en el mercado del alquiler en las zonas más céntricas de las grandes ciudades y que ha alterado el modelo de convivencia, alejando de esas áreas a los que habían sido sus residentes tradicionales. El decreto aprobado el lunes por el Consejo de Gobierno de la Junta llega tarde, cuando ya va a ser imposible reparar mucho del daño causado, pero hay que darle la bienvenida porque se contará a partir de ahora con un instrumento que debe demostrar su eficacia. La principal novedad es que los ayuntamientos podrán limitar y prohibir las viviendas turísticas cuando estimen que se ha llegado a niveles de saturación. Algunos gobiernos locales, como el de Sevilla, están elaborando ya las ordenanzas correspondientes y no es muy complicado averiguar sobre qué zonas habrá que actuar con mayor celeridad y contundencia. No se trata de estar en contra de este tipo de alojamiento. Todo lo contrario: los apartamentos de alquiler por días estimulan un tipo de turismo deseable que se ha convertido en un factor de dinamización económica imprescindible. Pero sí de ser exigente en la regulación para evitar que su proliferación descontrolada provoque efectos indeseados. El decreto ahora aprobado ganaría en eficacia si formase parte de un conjunto de medidas para poner orden en el conjunto de un sector turístico convertido, en buena parte de Andalucía, en un fenómeno de masas con las consecuencias que ello comporta. La Junta calcula que en la región están registradas unas 116.000 viviendas de este tipo, a lo que habría que sumar las que contratan alojamientos y lo hacen de forma alegal, una situación que también hay que combatir. Los ayuntamientos deben adoptar con urgencia las medidas que pongan fin a un caos que se ha prolongado mucho más de lo razonable.