Nuestro sistema de partidos mutó, dando lugar a un escenario en el que la derecha tiene una extraordinaria dificultad aritmética para gobernar. El PP puede disfrutar, como ahora ocurre, de una mayoría de gobierno en las principales capitales y en la práctica totalidad de las comunidades autónomas, y, sin embargo, carecer de capacidad para traducir ese músculo político en los 176 diputados necesarios para obtener la confianza del Congreso. La irrupción del partido reaccionario español, a la derecha de los populares, es la principal razón de esta imposibilidad aritmética. La derecha, dividida en dos, no alcanza por sí sola las cifras de la gobernabilidad, y nacionalistas vascos y catalanes, como es lógico, no pueden confluir en el apoyo a un gobierno popular, con un partido que promete su propia disolución y la derogación de la fórmula de integración territorial que está en la Constitución. Frente a esta realidad, las tres últimas legislaturas hemos visto cómo, al contrario, sí resulta viable una mayoría alternativa que integra al conjunto del nacionalismo e independentismo con las dos izquierdas nacionales. El Gobierno ha podido sacar adelante sus presupuestos y llevar a cabo una nada desdeñable agenda legislativa. El castigo que el partido de Gobierno ha sufrido en el ámbito local y autonómico no ha impedido, sin embargo, la continuidad de esta mayoría. Ahora bien, en el inestable sistema de partidos español se han consolidado dos movimientos que pueden alterar este escenario de gobernabilidad. Uno de ellos, claro está, es la escisión de la izquierda a la izquierda del PSOE, pero más relevante aún es la descomposición de la propia tradición convergente en Cataluña, donde el conservadurismo nacionalista, que está en la matriz de nuestro propio pacto constitucional, ha cedido su lugar a una formación independentista, forjada en torno al culto a la personalidad de un político insurrecto, y cuya sintonía ideológica con el populismo de cuño xenófobo que hoy se extiende, casi sin excepción, por las democracias europeas, es cada vez más explícita. En la negociación de la investidura y en el primer momento parlamentario de relevancia, el partido de Puigdemont ha escenificado, en fondo y forma, la plena conciencia de su oportunidad en un escenario que, a pesar de sus penosos resultados, le permite, simultáneamente, avanzar en sus tres principales objetivos políticos, que no dejan de estar relacionados: recuperar la hegemonía independentista, erosionar el sistema constitucional y destruir al Partido Socialista.