El artificio de la ordinalidad

La ordinalidad, palabra fetiche en el debate de la financiación autonómica española, se invoca hoy por María Jesús Montero como una regla incuestionable de la misma. Pero –y de ahí sus intentos, diríase que ozorianos, de explicar lo inexplicable– conviene recordar que más que de un principio neutral se trata de una reivindicación política concreta, impulsada con tozudez por el nacionalismo catalán. Por ello, la ordinalidad es, en esencia, catalanidad o, si lo prefieren porque se ampara por terceros, cataluñidad. Tal principio sostiene que una comunidad no debería perder posiciones relativas de renta tras contribuir al sistema de redistribución. Aunque suena razonable, el problema es que, utilizado de forma estricta, vacía de contenido la solidaridad interterritorial. Redistribuir significa, lo avala la Hacendística, alterar el orden inicial para garantizar servicios y oportunidades similares con independencia del lugar de nacimiento. Si nadie puede “bajar puestos”, la redistribución se convierte en un simple ajuste cosmético.

Basta con observar el resultado final para concluir que en el esquema elegido prevalece la política. De lo que en realidad se trata es de pagar los votos catalanes en el Congreso y si de paso se daña a la odiada Madrid, miel sobre hojuelas. La ordinalidad no busca mejorar el sistema para todos, sino blindar una posición concreta. Convertir tal ordinalidad en norma, incluso acicalándola de volubles añadidos como el llamado Fondo Climático, implica asumir que el punto de partida es intocable, que la riqueza relativa es un derecho adquirido. Pero la cohesión territorial exige aceptar que, en determinados momentos, quienes más tienen aporten más, incluso si eso altera el ranking. Dejémonos, así, de retóricas: esa recién descubierta ordinalidad no es una verdad técnica revelada por los expertos, sino una demanda –véase su éxito en el resto de comunidades– con acento catalán. Admito que legítima, pero no compartida. Y desde luego, no inocente.

De terminar aplicándose, cosa que dudo, y si, como afirma Marisú, todo el mundo gana, surgirá el apuro de poner más dinero en el asunto, ya sea mermando los fondos del Estado central, ya sea, y por ahí respira la ministra, subiendo impuestos. Al cabo, otro avance progresista para el quebrado españolito.