Posiblemente el Tribunal Supremo no encuentre nada delictivo en la conducta de Pablo Iglesias en relación con el móvil de su ex asesora Dina. El machismo y el paternalismo no constituyen en sí mismo ilícitos penales. Sí son ilícitos morales y políticos en alguien que se presentó en sociedad como el incorruptible defensor de la gente y el indomable regenerador de la política española.

El listón de la ejemplaridad de los responsables públicos lo puso él. El mismo Pablo Iglesias que tronaba no poder confiarle la economía nacional al ministro De Guindos porque vivía en un chalé de 600.000 euros es el que, instalado en la casta aborrecible, se mudó de Vallecas a Galapagar, a un chalé casualmente del mismo precio, y tuvo la desfachatez de chantajear a Podemos sometiendo a un plebiscito el cambio de morada (una decisión personal y legítima). El mismo Pablo Iglesias que defendió, alentó y promovió escraches contra políticos de centro y derecha como jarabe democrático salido de la indignación popular es el que ahora condena y denuncia ante la Justicia a quienes se manifiestan ruidosamente en contra suya, rodeando su casa y acosando a su familia, de forma inadmisible por supuesto. El mismo Pablo Iglesias que abominaba de los viejos partidos jerarquizados, burocráticos y antidemocráticos es el que ha purgado a todos sus disidentes en Podemos, ha eliminado los topes salariales y la limitación de mandatos de sus jerarcas, ha liquidado el poder de los órganos intermedios de la organización y ha construido el partido más leninista de la escena nacional, junto a Vox. El mismo que proclama su presunción de inocencia -ve inconcebible que el Supremo lo impute- se la ha negado siempre a todos sus adversarios mínimamente rozados por una indagación policial. El impugnador de los aforamientos de los cargos públicos como privilegios de una casta corrupta es el vicepresidente que hoy se beneficia del fuero para no estar ya imputado y tener que dimitir (como él exigía entonces para los otros).

Como decía Antonio Gala, el puritanismo y el desmadre son hermanos siameses unidos por la espalda. En Pablo Iglesias van unidos como en casi nadie la superioridad inquisitorial y la incoherencia suprema entre lo que se dice y lo que se hace. Aplica como ninguno la doble vara de medir, una para sí mismo, su familia y amigos, otra para el resto de los ciudadanos. Es lo que tiene asaltar los cielos por la puerta de atrás. Y en sólo seis años. Un mérito indudable.

EN noviembre de 2016, siete semanas después de que Pedro Sánchez fuese defenestrado como secretario general del PSOE por la poderosa federación andaluza y otros aliados territoriales, Felipe González lo retrató en su Foro Joly. Preguntado el ex presidente sobre si Sánchez había sido el peor dirigente de su partido, lo negó con énfasis y señaló entre lo peor a Largo Caballero, el Lenin español, cuyos seguidores habían perseguido a Indalecio Prieto incluso a tiros una vez en Écija. Ese preámbulo no libró a Sánchez de su desdén. Le hizo un epitafio: "sin cultura de partido, lo ha hecho lo mejor que sabía, pero no sabía". (El muerto de entonces goza cuatro años después de buena salud).

Esta semana un manifiesto de 55 sociedades científicas, que representan a 170.000 profesionales sanitarios, ha incidido en la misma idea, ampliada a todos los políticos: "en salud, ustedes mandan, pero no saben". El escrito criticaba el continuo enfrentamiento político y la lentitud burocrática del Gobierno y las autonomías ante la Covid-19. Y exigían una respuesta coordinada, basada en criterios claros, comunes y transparentes.

En Madrid, en donde se libra una batalla contra la pandemia y otra no menos cruenta entre PSOE y PP, el Tribunal Superior de Justicia ha emitido el jueves una sentencia en consonancia con la ignorancia o la negligencia deliberada. Tres tribunales superiores han dictado fallos sobre confinamientos perimetrales. Los han aceptado los TSJ de Andalucía y Castilla León, mientras el de Madrid lo ha rechazado. Ayuso publicó su resolución acogiéndose a una orden del Ministerio de Sanidad, que no tenía rango para semejante decisión. Mientras las otras dos comunidades especificaron en sus boletines las normas autonómicas excepcionales que les facultaban para proteger la salud de sus ciudadanos.

El desmadre de Madrid sigue vivo. Illa dijo ayer, tras declarar el Gobierno por decreto el estado de alarma en la capital y ocho localidades de la provincia, que la paciencia tiene un límite y que no hay más ciego que el que no quiere ver. El alcalde Almeida que la medida es un 155 sanitario. Y Ayuso que los ciudadanos no iban a entender la decisión. Esto último es una verdad a medias. Hay cosas de Madrid que se perciben: la impericia de su presidenta para el desempeño del cargo, la intención del Gobierno de dejar en evidencia a su inestable vecina institucional y que la partida de parchís que desarrollan R&R ha dejado de ser un juego. Más allá de otras interpretaciones, ni Iván Redondo ni Miguel Ángel Rodríguez están a la altura. Ellos tampoco saben.