Juanma Moreno y la ministra Teresa Ribera ya se hablan. ¡Albricias! Han dejado atrás la gresca, después de que ella llegara en misión casi secreta a San Telmo para empezar de cero. El Parque de Doñana ya puede respirar de alivio. La desconfianza entre ambos llegó tan lejos que los agricultores no se fían. ¿Y ahora qué hacemos?, se preguntaron los dos, lejos de los focos. La bronca política sólo ha logrado que los clientes europeos suspendan los contratos de los frutos rojos, porque les convencimos de que las fresas que tanto les gustan se riegan con el agua que se le roba a Doñana. Ahora le toca a la consejera de Agricultura pasearse de feria en feria, por media Europa, asegurando que la inmensa mayoría de parcelas son legales y no perjudican a un enclave natural único.

El Ministerio ha puesto otros 350 millones, pero se desconoce su destino porque aún no ha definido su plan con claridad. Podrían apostar por una industria transformadora para envasar la mejor mermelada del mundo a mayor escala, por ejemplo, como hacen otros con nuestras fresas. Mientras se aclaran, alguno ya piensa en el pelotazo de su vida. Por la misma hectárea que ayer se pagaba a 10.000 euros ahora se piden 100.000. Y no es eso. Teresa Ribera ni contempla la compra de terrenos que pensaban recalificar y cuyo futuro ha quedado en el aire. Pero nos encanta especular. “Ni media hectárea más de riego”, sentenció la titular de Transición Ecológica. Y Moreno fue el primero en advertir que la solución no gustará a todos. Ambos han ganado un mes para presentar un ambicioso plan de desarrollo sostenible que haga compatible una industria agrícola y turística con la preservación de un paraíso donde se han sobrepasado los límites esquilmando su acuífero.

Para dejar de extraer agua del subsuelo de la Corona Norte de Doñana serían vitales nuevas canalizaciones para llevar agua al Parque. Juanma veía razonable que todos los agricultores se aprovechen de estas nuevas infraestructuras, también los que no se acogieron al plan de ordenación en 2014. Y Ribera no lo ve claro porque peligraría el suministro para la población, el turismo y las explotaciones legales, si se atiende también a las irregulares. Algunos sugieren las indemnizaciones para zanjar el debate, pero para el Gobierno sería como compensar a un señor al que se le cierra un negocio que se abre sin licencia. Moreno y Ribera por fin van de la mano y son conscientes de la cantidad de freseros que pueden verse perjudicados. La apuesta por ampliar la oferta de actividades en una comarca que depende tanto de los frutos rojos y los turistas parece razonable. Pero para que la población participe y asuma este desafío de verdad, lo mejor es explicarlo con transparencia. El oscurantismo arrincona al emprendimiento y abona la cultura del pelotazo y la paguita.