Entre junio de 2014 y marzo de 2020, las Cortes generales activaron parte del lado inédito de nuestra Constitución. Con la ley orgánica 3/2014, se daba curso a la abdicación de Juan Carlos I, tras el desmoronamiento moral de su reinado y como intento de salvaguarda de nuestra forma de gobierno. El 27 de octubre de 2017, el pleno del Senado atendía la petición del ejecutivo para activar el mecanismo de coacción federal previsto en el 155 de la Constitución, frente a un intento explícito de insurrección territorial. El 25 de marzo de 2020, el Congreso de los diputados avalaba, con su prórroga, la declaración del Estado de Alarma con la que el gobierno respondió a una dramática crisis sanitaria. Si algo tienen en común estos tres actos extraordinarios de las cámaras fue que todos ellos contaron con el apoyo de los dos grandes partidos nacionales. Este trío de episodios parlamentarios conforma una acción conservadora de la Constitución. Sobre la pura base del BOE, algún intérprete podría pensar que aquí se produjo también lo que llamamos “un momento constitucional”. Es decir, un episodio de extrema presión para el sistema político, en el que, sin necesidad de modificar la Constitución, se produce un punto de inflexión en la cultura política del país que afecta a la propia comprensión de la Norma Suprema. Y la verdad es que dicho momento se produjo, pero no en el sentido al que apuntan esos actos parlamentarios, es decir, al surgimiento de una agenda común bipartidista en un contexto de incertidumbre y riesgo. Al contrario, lo que alteraron aquellos años es la materia oscura de nuestra constitución. Nuestro sistema de partidos y la fórmula de la gobernabilidad. En ese trance, la política conservadora de la Constitución que simbolizó la ley de abdicación, la aplicación del 155 y el trámite parlamentario del Estado de alarma, ha sido sustituida por una lógica despreciativa de la institucionalidad, donde los partidos mayoritarios sostienen con vehemencia arengas autodestructivas que impugnan la legitimidad de los órganos de gobierno o la imparcialidad de los jueces, como queriendo poner a prueba la capacidad de resistencia de la Constitución. Esta nueva cultura política, en la que el partido conservador tendrá tan difícil gobernar España como el partido socialista Andalucía, Madrid o Aragón, se sostiene también sobre la impunidad tribal de ciertos absurdos discursivos, como, por ejemplo, que “ETA está más viva que nunca”, o que el procés, dice el Presidente, “fue provocado por la impericia y la irresponsabilidad de quien gobernaba en Madrid”.