La concentración contra los derribos en El Palmar, convocada por el Ayuntamiento de Vejer para mañana, ha desatado las hostilidades entre el Consistorio, los vecinos de esta emblemática pedanía y la Junta de Andalucía. El anuncio de que el martes próximo tendrán lugar dos nuevas demoliciones de viviendas ilegales ha llevado al equipo de Gobierno liderado por Antonio González a intentar hacer piña con los lugareños para reclamar que se estudien otras vías menos traumáticas que eviten imágenes de excavadoras y derribos.

A pesar de las buenas palabras, las reuniones en Sevilla y las promesas de emprender planes que regulen las construcciones ilegales, hasta el momento la plaga no se contiene. De hecho, las viviendas sin regular en suelo rústico siguen proliferando. Un dato a tener en cuenta: en los años 80, cuando se pusieron los primeros contadores de la luz en El Palmar, existían solamente 120 edificaciones. En 2019 la Asociación de Vecinos hizo un nuevo recuento y eran 2.462. Y el número sigue creciendo. “Pese a multas y sanciones seguirán haciéndose viviendas ilegales, y la solución está en que la Junta y otras administraciones nos doten de medios para ordenar este territorio”, dice Manuel Martín, representante de la asociación vecinal.

Carmen Sánchez, delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Cádiz, atendió ayer a este diario y explicó la postura de la Junta de Andalucía en un mal endémico de la provincia que no es exclusivo de Vejer ni de las zonas costeras. “No nos podemos olvidar que es el Ayuntamiento quien convoca esta concentración para evitar que se derriben viviendas ilegales. Nos parece una irresponsabilidad y una obstaculización de la labor que se está llevando a cabo por parte de la Junta. Es muy preocupante que esta sea la postura municipal. Sobre todo nos parece extraña, porque es el Ayuntamiento quien tiene las competencias en materia urbanística, es decir, tendrían que ser ellos los que estuvieran desarrollando todas estas labores que estamos haciendo nosotros”.

Para la delegada “existe un problema importante” de construcciones en suelo rústico, “que tengo que decir que no es solamente un problema urbanístico, es que es un problema medioambiental, pero también es un problema de seguridad, porque todas esas viviendas que se están construyendo prefabricadas pueden suponer un problema en la zona por los materiales con los que se realizan”.

La Junta considera que la del Ayuntamiento “no es la mejor postura. Tuvimos una reunión en Sevilla con el inspector general y nos dijeron que iba a haber una colaboración para que no se levantaran más viviendas ilegales en esta zona, pero con esta acción lo que nos viene a decir el Consistorio es todo lo contrario”.

Viviendas prefabricadas en El Palmar.

La cuestión es que los vecinos reclaman más empatía por parte de la Junta. “La empatía evidentemente la tenemos, pero para poder llevar a cabo cualquier acción para legalizar viviendas antes hay que seguir unos cauces. No actuamos porque vayamos allí sin más, es que nos llaman los vecinos para denunciar a otros vecinos, nos avisa la Guardia Civil y nos dice que se están haciendo construcciones ilegales. Es que este planteamiento de la Asociación de Vecinos podría ser factible siempre que se estudien las formas de hacerlo, pero la única realidad es que sobre suelo rústico se están construyendo viviendas ilegales. Hay formas de regularizar las que están construidas desde hace más de seis años, pero lo que no podemos permitir es que se sigan levantando como si tal cosa. Nosotros empatizamos, pero lo que a mí me parece que está intentando el Ayuntamiento de Vejer en este momento es enfrentar a los vecinos con la Junta, y eso me parece poco leal, hay una deslealtad institucional tremenda, porque, como decía, quien tiene la competencia para ejercer esta labor de vigilancia es el propio Ayuntamiento, que no lo está haciendo, porque dice que no tiene los medios, y deja recaer esta tarea en nosotros, y lo que no podemos es mirar para otro lado ante la ilegalidad”, comenta.

Las demoliciones actuales vienen de unas inspecciones que se realizaron en 2019 y en 2021 a petición de terceros, apunta Sánchez, “pero una vez que estás allí en el carril, si ves que hay cuatro viviendas más ilegales las tienes que denunciar también. Esto es mucho más complejo de lo que parece. Y es que además hay muchos vecinos que son los que más denuncian construcciones ilegales porque no quieren que esa zona se llene de ellas”.

“Nuestra provincia –prosigue– tiene una peculiaridad, y es que la Inspección Regional tiene casos provinciales porque tenemos un problema importante, también han intentado acusarnos de que vamos en contra de El Palmar, y eso es totalmente falso. Cuando hay avisos de que hay casas ilegales hay que actuar. Son los ayuntamientos los que tienen que hacerlo, pero si no realizan su trabajo las denuncias llegan a nosotros y tenemos que hacer algo”.

Reconoce la delegada que también se siguen construyendo viviendas ilegales en Chiclana y en otros municipios de la provincia. “Tenemos expedientes abiertos, también en Arcos, en Paterna..., es decir, que hay casas ilegales en muchos sitios, pero que se hagan no quiere decir que se tengan que legalizar o regularizar. Es una práctica ilegal y no podemos mirar para otro lado. Eso creo que es lo más importante que todos tenemos que saber. Las administraciones no podemos mirar hacia otro lado ante esta práctica, por muy común que sea”.

Preocupación vecinal

En el otro lado del tablero se sitúan los vecinos de El Palmar. Manuel Martín habla con este medio en nombre de la Asociación de Vecinos y reconoce que la situación “es muy negativa, hay un desánimo total entre los vecinos”. Cuenta que en una reunión celebrada con Ordenación del Territorio se les dijo que estaban previstas 160 intervenciones, “no las voy a llamar demoliciones”. Dos ya se ejecutaron hace un par de meses, otras dos lo harán este martes. Y no serán las últimas.

“Entendemos desde la AVV que socialmente esto no lo soporta ninguna pedanía, ningún ayuntamiento, esto es un desastre; más aún cuando se les llena la boca con la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), primero que en la LISTA se reconoce la existencia de más de 300.000 viviendas irregulares en Andalucía, y dicen que quieren solucionar el problema con los planes especiales. Eso es lo que reclamamos, ayúdennos, económica y técnicamente, porque ayuntamientos pequeños como el de Vejer, con la problemática que tenemos en Vejer, no pueden acometer esa labor”, asegura.

En abril de 2023 se aprobaron ayudas por valor de 600.000 euros para dotar cada plan especial de un ayuntamiento con 10.000 euros. “Pero nosotros sabemos que en el intervalo de 2019 a 2022 la Junta ha recaudado en multas y sanciones más de dos millones de euros en El Palmar, sin que nada de esto revierta en nuestro beneficio, en dotación para poner en marcha planes especiales. Tienen más afán recaudador que otra cosa”.

Según Martín, desde la AVV se está “de acuerdo en que la disciplina urbanística hay que restablecerla, estamos de acuerdo en colaborar en ese sentido, hemos ofrecido la posibilidad de montar una oficina fija en El Palmar de la Policía Local, colocar carteles en las cabeceras de los carriles advirtiendo que estamos en suelo rústico y que edificar es asumir el riesgo de que te caigan sanciones muy fuertes... Lo que queremos también es que ese camino que dicta la LISTA, que es el desarrollo de planes especiales, se cumpla”. “Nosotros tenemos diseñados 16 planes especiales, están redactados ya el 6 y el 7, están pendientes del estudio de impacto ambiental, ese es el camino, no sólo para ordenar El Palmar, que es lo que se pretende, sino también para dotarnos de los servicios básicos de los que carecemos, fundamentalmente el agua”, incide Manuel.

En El Palmar siempre se ha ejercido la disciplina urbanística y siempre ha habido sanciones, se han tirado casas, “pero es que aquí ocurrió una cosa muy grave. El Ayuntamiento socialista de entonces, en 2009, aprobó un PERI, y el desarrollo de un plan especial, en la zona de la Chanca, pero en 2011, cuando José Ortiz accede a la Alcaldía, da cajonazo a estos planes que estaban aprobados, con la excusa de que había vecinos que se manifestaban en contra habida cuenta del desembolso económico que tenían que hacer para la dotación de servicios. Pero luego, cuando se dieron cuenta de que estábamos en esta situación, huérfana de cualquier norma para la ordenación del territorio, es cuando se solicitó el auxilio de los inspectores de la Junta, y es ahí cuando surgieron estos expedientes disciplinarios, más de 160, con la amenaza de demolición”.

Y esta es la situación hoy día. En El Palmar se clama porque se restablezca la disciplina urbanística, “pero sólo con multas y sanciones no se soluciona”, aseguran. De momento, el martes volverá a rugir la excavadora.