El Gobierno turco insistió ayer en que el debate sobre la reintrodución de la pena de muerte es una cuestión nacional y que no le preocupan las posibles reacciones de la Unión Europea o que esa decisión pudiera bloquear la entrada del país en el grupo comunitario. "No trabajamos en eso pensando en como reaccionaría la UE, sino como un Estado de derecho", afirmó el ministro de Justicia, Bekir Bozdag, en una entrevista.

El ministro volvió a recordar que, tras el fallido golpe de Estado del pasado viernes, ha habido manifestaciones masivas en las que la gente ha pedido la reintrodución de la pena capital, abolida definitivamente en 2004, para los golpistas. Bozdag rechazó las advertencias formuladas desde Bruselas de que ningún país que ejecuta sentencias de muerte puede entrar en la UE.

"Hemos regulado la pena de muerte. Incluso añadimos un artículo a la Constitución diciendo que no podría ser reintroducida. ¿Nos aceptaron en la UE? No. Siempre encuentran una razón para no aceptarnos. No tendrán problemas para encontrar una excusa para mantenernos fuera", dijo el ministro. Por ello, aseguró, el Ejecutivo turco no tendrá en cuenta las consideraciones de la UE .

De hecho, ya hay voces que desde Europa llaman a paralizar cualquier acción encaminada a la integración turca en los 28. El Gobierno alemán no considera que de momento sea imaginable la apertura de un nuevo capítulo de las negociaciones con Turquía para un ingreso en la UE.

Stefen Seibert, portavoz edel Ejecutivo germano, destacó la importancia que tiene para la UE el respeto al Estado de derecho y que las medidas que se tomen contra presuntos implicados en el golpe no sean desproporcionadas. "El estado de derecho tiene que tener en cuenta los derechos de los acusados y los sospechosos", dijo. En vista de ello, el portavoz admitió que es preocupante ver en televisión imágenes de presuntos implicados que parecen haber sido objeto de violencia. Además, Seibert dijo que el estado de emergencia en Turquía debería prolongarse "lo menos posible".

Pese a todo, Seibert reiteró el apoyo del Gobierno alemán al acuerdo de la UE con Turquía para hacer frente a la crisis de los refugiados y dijo que no veía ninguna lógica en mezclar los dos temas. "El Gobierno alemán sigue respaldando el acuerdo, pese no haber sido implementado por completo, ya ha tenido repercusiones positivas", apostilló el portavoz.

Una postura similar es la que mantiene la Comisión Europea, que considera que Turquía es un país seguro para proceder a la devolución de inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo, pero aseguró que vigila de cerca la situación. El portavoz comunitario Margaritis Schinas recordó que la suspensión del Convenio Europeo de Derechos Humanos anunciada el jueves por Ankara está prevista en su artículo 15, que establece también una serie de obligaciones que Turquía tenrá que seguir cumpliendo.

"No hace falta decir que la CE vigila la situación muy de cerca y está en contacto con las autoridades griegas y turcas así como con el comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi", manifestó el portavoz comunitario.