Un Real Decreto disminuye las cargas burocráticas y refuerza la seguridad en el Puerto de Algeciras

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que moderniza y mejora la normativa que regula la Marina Mercante en España con especial atención al Puerto de Algeciras.

Mediante esta nueva regulación, que actualiza un total de ocho reales decretos, se adaptan las normas a la realidad actual del sector marítimo, "aportando mayor flexibilidad, simplificando procedimientos administrativos y reforzando al mismo tiempo la seguridad marítima y la protección del medio marino", apunta el Ejecutivo.

La reforma incorpora importantes avances en simplificación administrativa, disminuyendo cargas burocráticas tanto para las empresas como para la propia administración marítima que afectan especialmente al puerto algecireño.

Un ejemplo relevante es la nueva regulación de las denominadas “operaciones fuera de límites” en determinados puertos, que permitirá sustituir autorizaciones individuales por resoluciones generales con condiciones previamente establecidas en aquellas capitanías marítimas en las que tienen lugar entre 1.000 y 3.000 operaciones al año -caso de Algeciras y Las Palmas-, manteniendo en todo momento el control y la supervisión por parte de las Capitanías Marítimas y de Salvamento Marítimo.

Entre las principales novedades, destaca una mayor flexibilización de las actividades marítimas, especialmente en ámbitos como el cabotaje, el buceo profesional y las operaciones portuarias. Por ejemplo, se agilizan los trámites para las dispensas de bandera en las líneas regulares de cabotaje, lo que permite una gestión más eficiente del transporte marítimo sin merma de las garantías exigidas. Asimismo, se introducen ajustes en la normativa de buceo, que combinan mayores estándares de seguridad con una regulación más acorde a la práctica profesional real.

Accidentes en la náutica de recreo

En materia de seguridad marítima, el Real Decreto también introduce mejoras. Así, se refuerza la protección en el transporte marítimo y en los puertos, se ajusta la normativa de seguridad de los buques de pasaje a los criterios europeos y se adoptan medidas específicas para reducir los accidentes en el ámbito de la náutica de recreo, especialmente en actividades de alquiler de embarcaciones de menos de 5 metros de eslora.

Corregir disfunciones

La protección del entorno marino es otro de los ejes fundamentales de esta reforma. Las modificaciones normativas garantizan que la flexibilización de los procedimientos no suponga una rebaja de los estándares ambientales.

Además, se corrigen disfunciones detectadas en la aplicación de normas recientes, como las limitaciones a la navegación en el Mar Menor, asegurando la compatibilidad entre la conservación ambiental y el uso responsable del espacio marítimo.

Con este conjunto de medidas, el Gobierno afirma que apuntala "un marco regulador más claro, moderno y eficaz, que impulsa la competitividad del sector marítimo español, mejora la seguridad de las personas y los buques y consolida el compromiso con la prevención de la contaminación y la protección del medio ambiente marino".