El Consejo de Gobierno de la Junta ha instado al Gobierno de España a que adopte medidas para el apoyo a los puertos andaluces, entre ellos el de Algeciras, tras la entrada en vigor del sistema para controlar y gravar las emisiones de dióxido de carbono en la Unión Europea (ETS) y a que traslade la posición de la Junta de Andalucía a la Comisión Europea.

El Gobierno andaluz apoya el Pacto Verde y los objetivos de descarbonización de la economía, incluyendo al sector de transporte marítimo, pero con una legislación que sea "adecuada y que no genere efectos adversos". Por ello considera necesario instar al Gobierno central, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la Oficina Española de Cambio Climático para que solicite una moratoria que posibilite al sector marítimo la adaptación a la nueva regulación y promueva medidas para proteger la actividad de los puertos.

Entre esas medidas estarían la armonización con la Organización Marítima Internacional (OMI), para que las medidas de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero se aplicasen a todos los países para evitar la fuga de carbono y que las empresas navieras centrasen sus recursos en soluciones más sostenibles en lugar de reforzar nuevos centros logísticos estratégicos más económicos. También se evitaría la distorsión del mercado con medidas unilaterales, sin fomentar la creación de paraísos del carbono, donde no se han de declarar los derechos de emisión (evasión fiscal).

La Junta también propone la neutralidad económica, "ya que es necesaria la equiparación efectiva en el tratamiento de las emisiones en los puertos en las inmediaciones del espacio marítimo europeo, y la adopción por parte de la Comisión Europea de medidas que neutralicen o amortigüen los efectos no deseados".

La Administración autonómica también demanda medidas compensatorias, en su caso, por la pérdida de competitividad y volúmenes de tráficos; el establecimiento de ayudas para acelerar la renovación de las flotas hacia buques más sostenibles y para incentivar la creación de infraestructuras innovadoras de energía limpia en los puertos; y la posibilidad de asignaciones gratuitas (al igual que en otros sectores de actividad industrial) que elimine la incertidumbre del coste y que permita adaptarse al sistema de forma más progresiva.

La Junta recuerda que la entrada en vigor de la normativa europea ETS en el ámbito marítimo preocupa al sector portuario, "ya que puede suponer el encarecimiento de las exportaciones, además de afectar a la actividad de los puertos y, por tanto, al empleo que se genera". "Por otro lado, la pérdida de conectividad afectará a la competitividad y seguridad, ya que la cadena logística que provee el mercado interior a través de los puertos será gestionada por terceros países, y generará una dependencia que, en casos de crisis sanitarias, energéticas o conflictos comerciales, supondrá una situación de debilidad y vulnerabilidad", indica el Gobierno andaluz.

"Es vital mejorar la regulación para que se reduzcan los efectos indeseados, que desplazan (no reducen) las emisiones de carbono y merman la competitividad de los puertos europeos, al mismo tiempo que suponen una distorsión de la competencia. Y, además, restan conectividad a los puertos de Europa, que verán como sus cadenas logísticas pivotarán en hubs no europeos", señala la Junta.

"En Andalucía, los puertos son grandes generadores de riqueza y empleo y, por ello, es fundamental amortiguar la entrada en vigor de las actuaciones previstas en la Unión Europea. Son nodos estratégicos para las cadenas logísticas y el transporte por los que pasa cerca del 60% de las exportaciones y el 85% de las importaciones, lo que supone el 53% del comercio exterior español con la UE y el 96% con terceros países. Además, el transporte marítimo representa en volumen alrededor del 75% del comercio exterior de la Unión Europea y el 31% de su comercio interior. Anualmente, 400 millones de pasajeros embarcan o desembarcan en puertos de los estados miembros, incluidos unos 14 millones en cruceros", incide la Administración autonómica.

"Por lo tanto, el transporte marítimo es un componente esencial del sistema de transporte de la Unión Europea y desempeña un papel fundamental para su economía. El mercado del transporte marítimo está sujeto a una fuerte competencia entre los agentes económicos dentro y fuera de la Unión, para lo que es indispensable la igualdad de condiciones", sentencia la Junta.