Queja ante el Poder Judicial por el retraso en la causa por malversación de fondos en el puerto
El observatorio contra la corrupción pide que se investigue una subvención para un dique en Algeciras
El Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción (OCC) ha presentado una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al estimar que existe una "dilación indebida" en la instrucción de la causa judicial que analiza un supuesto caso de malversación de fondos públicos de la Unión Europea en la ejecución de unas obras en el puerto de Algeciras.
El procedimiento (650/12) se instruye en el Juzgado número 2 de Algeciras desde el año 2012 a raíz de una denuncia de León Javier Romero Torán, quien denunció por supuestos delitos de falsedad documental, estafa, apropiación indebida y malversación de fondos públicos de la UE.
El observatorio ha tramitado su queja ante el CGPJ apuntando hacia el propio juzgado, por entender que el procedimiento "está incurso en dilaciones indebidas que pudieran impedir clarificar los hechos denunciados por falta de diligencia judicial".
El asunto tiene como antecedentes una denuncia de la empresa Ecodragas contra Isla Verde UTE, adjudicataria de unos trabajos en el dique de abrigo de Isla Verde Exterior y que subcontrató a Ecodragas en 2006 para parte de estas obras. Ecodragas denunció en su día a Isla Verde UTE por falta de pago de estos trabajos, que contaban con subvenciones de la Unión Europea.
El Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción considera que el asunto debe ser investigado a fondo para que se esclarezca el destino final de los fondos europeos entregados para sufragar dicho proyecto de obra pública, así como si de su gestión se desprende algún tipo de reproche penal. Por ello, la queja ante el CGPJ se basa en la defensa de la legalidad y el interés general, así como en los intereses particulares del demandante y su empresa.
El observatorio solicitó formalmente a principios de abril al juzgado número 2 de Algeciras su personación en la causa para buscar su reactivación por entender que en los cuatro años de instrucción "prácticamente no se han adoptado diligencias de obtención de pruebas", a lo que se suma ahora esta queja ante el CGPJ.
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