La CE asegura al sector que España no ha defendido el modelo de estiba

La Comisión Europea informó el pasado martes que nuestro país aún no ha presentado hasta el momento argumentos en defensa del modelo que rige según la última Ley de Puertos. Se lo comunicó a la delegación del sector de la estiba que se desplazó a Bruselas para obtener más datos sobre la postura que el ejecutivo de la Unión Europea mantiene tras el dictamen que obliga a España a liberalizar estas tareas bajo amenaza de llevarlo ante los tribunales europeros.

Así lo sostuvo el sindicato Coordinadora, presente en la reunión, quien en un comunicado aseguró que los representantes de la comisión habían aclarado que, "hasta el momento, el Estado [español] no ha trasladado los razonamientos técnicos y jurídicos suficientes para defender su sistema".

La delegación española que se desplazó el martes a Bruselas estaba integrada, además de por Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, por representantes de Puertos del Estado, la patronal del sector ANESCO, UGT y CC.OO. Por parte de la Comisión fueron atendidos por el jefe de la Unidad de Puertos de la Dirección General de Movilidad y Transportes (DG-TREN), Dimitri Theologitis, para abordar el dictamen emitido.

Durante el encuentro celebrado, la institución europea admitió que el sistema de pools no es exclusivo de España y que otros países europeos mantienen un procedimiento que es más restrictivo, según destaca el sindicato mayoritario de la estiba.

Ante la comunicación de que España aún no ha defendido el modelo vigente en nuestro país, el asesor jurídico de Coordinadora, Víctor Díaz, puso sobre la mesa, según relata el propio sindicato, una serie de argumentos de peso que defienden y avalan la legislación sobre la estiba portuaria de España.

La CE, siempre según Coordinadora, valoró dichos argumentos expuestos, que "consideró como novedosos e interesantes, aunque insistió en la necesidad de que sea el Gobierno de España, a través de Puertos del Estado, el que inicie el trámite oficial que les haga llegar su postura".

En la misma reunión, los representantes de la Administración central trasladaron a la Comisión su intención de solicitar que se amplíe el plazo de dos meses interpuesto al Estado en el propio dictamen para la presentación de alegaciones.

Comienza ahora una etapa de conciliación de estos argumentos con Puertos del Estado, para que éste los defienda a su vez ante Europa.