El nuevo parque logístico de 40 hectáreas de Los Barrios avanza con polémica

El debate lleva semanas instalado en las calles de Los Barrios y este lunes entró de lleno en el ámbito político con más de una hora y media de intervenciones en el Pleno. El Ayuntamiento barreño afronta los primeros trámites para el desarrollo de un sector del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) colindante con el núcleo urbano, de 39,5 hectáreas en el entorno de la Vega del Moral, en medio de la contestación vecinal de un sector de la población y la controversia política.

Se trata del área denominada como SUS-8 (parque industrial), calificado como suelo industrial desde 2008 con la aprobación definitiva del planeamiento. Los terrenos están ubicados junto a la A-381 y en ellos la empresa Cortijo Grande de Caballerías aspira a implantar a medio plazo una zona logística como continuación de otra inversión previa en alianza con la empresa Primafrío cerca del sector San Roque del área logística Bahía de Algeciras. Se trata de un área con gran potencial para el sector por encontrarse en el corazón de la comarca y junto a una de las grandes vías de comunicación que vertebran la provincia.

Es ahí donde radica el fondo de la cuestión. El proyecto, ya en sus primeros compases administrativos, ha generado una corriente en contra por parte de un sector de la población bajo premisas como que conllevará la desaparición de los huertos de ocio, de la Aserradora del Campo de Gibraltar, una veintena de viviendas -fuera de ordenación- así como un incremento del tráfico pesado cerca de zonas habitadas e incluso riesgos de inundación. Este sector de la población se está organizando para constituirse como asociación.

El gobierno local, que encabeza Miguel Alconchel (Los Barrios 100x100), considera totalmente erróneas y basadas en la desinformación esas premisas y así trató de explicarlo durante el Pleno ante una amplia batería de preguntas del PSOE y Vox. Entre otras cuestiones, porque el diseño plantea grandes espacios abiertos en las zonas más sensibles y porque se trata de una cuestión que apenas está dando sus primeros pasos. De hecho, de esas 39,5 hectáreas, el diseño inicial ya establece que un mínimo de 17,5 hectáreas serán zonas verdes (el 45% del sector). Este sector colinda, más al norte, con el SUS-7 (parque tecnológico), de otras 57,3 hectáreas y sobre el que no hay aparentes quejas entre la población barreña.

El Ayuntamiento apunta a la oportunidad para regularizar las construcciones y matiza que el desarrollo final depende del visto bueno de la Junta de Andalucía

Tramitación incipiente

Hasta el momento no hay nada en firme. El Ayuntamiento únicamente ha llevado a efecto el primero de una larga lista de pasos burocráticos: el preceptivo trámite previo de información por el cual la ordenación prevista de los dos sectores ha permanecido en exposición al público varias semanas para la presentación de sugerencias (que no alegaciones). Y ya en este punto, buena parte de la contestación social se ha canalizado a través de numerosos escritos con argumentos en contra (pendientes de ser contestados) e incluso una recogida de firmas.

Durante este primer avance resulta igualmente preceptivo la recopilación de un informe sobre la afección a carreteras (ya recibido y en el que se descarta dicha afección) y un trámite ambiental ante la Junta de Andalucía mediante una Declaración Ambiental Estratégica (DAE) que igualmente puede provocar cambios en la configuración de los suelos que incluso podrían hacer inviables los planes de los promotores por sus restricciones o cambios. De entrada, en el SUS-8 ya están previstas zonas verdes como un parque suburbano en el Cerro del Moral, otro en la ribera del río Palmones y otro para El Lazareto, con la intención de apantallar el desarrollo logístico respecto del núcleo urbano usando el ya citado 45% del sector.

"Se están facilitando reuniones entre todos los vecinos que lo solicitan, el Ayuntamiento y el promotor", asegura el alcalde

Al primer trámite seguirían la fase de redacción y aprobación inicial del proyecto, con un nuevo proceso de información pública (y entonces sí, alegaciones); la aprobación provisional (nuevamente abierta a alegaciones) y, finalmente, la aprobación definitiva. Se trata de un complejo procedimiento que puede conllevar años de tramitación y en todos esos pasos se pueden introducir cambios en la ordenación y configuración de los terrenos.

Miguel Alconchel insistió repetidamente ante el Pleno en que no hay nada en firme decidido y que existen cauces abiertos para la información a todos los interesados. "Se están facilitando reuniones entre todos los vecinos que lo solicitan, el Ayuntamiento y el promotor. Por ahora lo que tenemos es un expediente de información pública. No hay informes sectoriales ni nada más", replicó Alconchel al grupo socialista que encabeza Daniel Perea y que reclamó garantías y transparencia en la gestión.

El grupo de Perea preguntó si las sugerencias serán remitidas a los promotores y si el Ayuntamiento, llegado el caso, se plantería también alegar (algo que no es posible, pero sí para los grupos políticos o ciudadanos a título particular). "Conforme avance el procedimiento, hay abierto un canal de información con el promotor y con el Ayuntamiento. No tiene sentido ocultar nada", insistió Alconchel frente a las críticas del grupo socialista.

Compensación frente a la expropiación

El futuro de la veintena de vecinos y los negocios industriales de la Vega del Moral también estuvo sobre la mesa. El sistema de actuación previsto en el sector es el de compensación urbanística. Llegado el caso, si la tramitación supera todos los pasos, todos los propietarios deberán contribuir (conforme a su participación en los suelos) para la instalación del suministro eléctrico, el saneamiento, las obras de urbanización y otras infraestructuras que actualmente, bien por su inexistencia o por sus dimensiones, no se adaptan a las necesidades previstas. Una suerte de derrama en una comunidad de propietarios.

Vox calificó este sistema como una "expropiación encubierta" que, a la postre, acabará con las viviendas de la Vega del Moral por falta de capacidad económica de sus propietarios. "Son cargas millonarias. Si no pueden pagar las cuotas, se perderán las casas", dijo su portavoz, Celia Fuentes.

Sin entrar de forma explícita en detalles sobre la situación administrativa de dichas viviendas, Alconchel apuntó a este sistema como una oportunidad para legalizar la situación de determinados propietarios dado que los suelos están calificados como industriales desde la aprobación del PGOU. "Cuando alguien compra una casa en una urbanización contribuye y paga esas infraestructuras y compensaciones. Una nave o un negocio pueden regularizarse y cumplir con la normativa. Haya el modelo que haya, hay que regularizar las cosas que hay allí, lo dice la ley", recalcó, de lo que se infiere que se trata de viviendas al margen de la ordenación a las que se le abre una ventana de oportunidad.

Alconchel también recalcó en varias ocasiones ante Vox que los usos de los sectores no son intercambiables. Es decir, el sector 8 ya no puede pasar a ser tecnológico y viceversa (en aras a suavizar el impacto de la actividad logística sobre el entorno más cercano al núcleo urbano, según Vox), puesto que así consta en el PGOU desde 2008 y, por tanto, es ley ante los propietarios que en su momento compraron los suelos con unos derechos de explotación. "Decir lo contrario es generar unas expectativas que pueden generar más daño a los vecinos", zanjó Alconchel.