Caso Diviértete: un clan familiar de La Línea y Jimena acusado de trata, blanqueo y organización criminal

Los dueños de Eventos Grupo Diviértete SL, empresa especializada en espectáculos infantiles y animaciones culturales objeto de una operación de la Policía Nacional con cuatro detenidos, no tenían un simple negocio de eventos que se aprovechaba de sus trabajadores en el Campo de Gibraltar. Era mucho más que eso. Los investigadores califican a sus responsables de todo un "clan familiar" que operaba como una "organización criminal".

Lo hacían a través de un entramado de empresas con sedes en La Línea y Jimena que habría obtenido adjudicaciones públicas en distintos municipios andaluces presentando ofertas por debajo del valor base de licitación. Posteriormente, acumulaban deudas y quedaban inactivas para dar paso a la creación de nuevas sociedades con las que continuaban operando, eludiendo así sus obligaciones legales y fiscales.

Los arrestados han pasado este miércoles a disposición judicial. Se les imputan delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra el derecho de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración clandestina, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Según fuentes judiciales consultadas por Europa Sur, tres de ellos han quedado en libertad con cargos, la prohibición de salida del país y retirada de pasaportes. La Policía Nacional explicó en una nota de prensa que eran cuatro los puestos en libertad con cargos.

Entre las personas detenidas se encuentra el exconcejal del Ayuntamiento de Los Barrios Daniel Pérez Cumbre. La desarticulación del clan correspondió a agentes adscritos a la Brigada Local de Extranjería y Fronteras - Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría Local de La Línea de la Concepción. Fruto de una intensa investigación desarrollada desde el pasado mes de enero, se llevaron a cabo cuatro entradas y registros simultáneos en domicilios y naves industriales de La Línea de la Concepción, así como en una vivienda en Jimena de la Frontera. En el operativo participaron también efectivos del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de La Línea y Guías Caninos de la Policía Nacional de Algeciras. Durante los registros se intervinieron grandes cantidades de dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y abundante documentación.

La investigación se inició al tener conocimiento de la posible explotación de trabajadores en situación irregular en una conocida empresa de eventos de la zona. Las pesquisas permitieron identificar un entramado empresarial controlado por una misma familia, compuesto por varias sociedades algunas de ellas inactivas y con importantes deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la Agencia Tributaria (AEAT).

Estas empresas habrían obtenido adjudicaciones públicas en distintos municipios andaluces presentando ofertas por debajo del valor base de licitación. Posteriormente, acumulaban deudas y quedaban inactivas para dar paso a la creación de nuevas sociedades con las que continuaban operando, eludiendo así sus obligaciones legales y fiscales.

Para abaratar costes, empleaban a trabajadores extranjeros en situación de especial vulnerabilidad, muchos de ellos en situación administrativa irregular y sin estar dados de alta en la Seguridad Social. También contrataban a trabajadores nacionales en condiciones fraudulentas, con contratos parciales o sin contrato alguno, incumpliendo de forma sistemática la normativa laboral.

Los empleados eran obligados a trabajar hasta 12 horas diarias sin descanso, recibiendo sus turnos apenas unas horas antes, lo que les obligaba a estar disponibles permanentemente. En los picos de trabajo, llegaban a encadenar más de 14 días consecutivos de trabajo sin descanso, sin recibir alimentación ni bebida y durmiendo en furgonetas en condiciones insalubres. Aquellos que protestaban, eran objeto de vejaciones e insultos.

Asimismo, carecían de formación y de medidas de prevención de riesgos laborales, trabajando sin equipos de protección individual. Algunos trabajadores sufrieron accidentes de diversa gravedad, siendo instados por los responsables a acudir por su cuenta a centros sanitarios y a ocultar que se trataba de accidentes laborales, con el objetivo de evitar inspecciones.

Durante la investigación, gracias a las vigilancias y declaraciones recabadas, los agentes pudieoron constatar el estado de deterioro de muchas de las atracciones utilizadas por el entramado empresarial, algunas de las cuales provocaron accidentes entre los usuarios. Pese a conocer el riesgo, los responsables obligaban a los empleados a instalar y operar estas atracciones.