El PP aprueba en solitario un cambio en el PGOU para las casas de La Colonia

El PP sacó ayer en adelante, con el rechazo del PSOE e IU y la abstención de UPL, la aprobación provisional de una innovación del PGOU con la que pretende regularizar la situación de dos bloques de viviendas situados en La Colonia que la justicia ha declarado ilegales, por lo que ordena que sean derribados. También fue aprobada con el mismo sentido del voto la desestimación de las alegaciones que en torno a este asunto presentó la asociación Aldepama.

Fue el asunto que más tensión generó en el pleno ordinario que la Corporación municipal celebró ayer, una sesión a la que acudieron algunos de las 36 familias afectadas.

El concejal de IU, Andrés Martín, acusó al equipo de gobierno y a técnicos municipales de originar este problema "por acción u omisión" y pidió que sean asumidas las responsabilidades oportunas. Asimismo, recordó que Aldepama denunció que estos bloques superaban la alineación permitida antes de que estuviesen finalizados y que el equipo de gobierno emitió un decreto para ordenar su demolición "antes de que se conociese la sentencia".

También insinuó que el trámite que se sometía ayer a votación podría ser una maniobra del equipo de gobierno "para ganar tiempo y un señuelo para estas familias, porque tiene pocas posibilidades de ser aprobada por la Junta de Andalucía". Por ello, propuso que cada concejal aportase de sus sueldos y asignaciones 1.000 euros para que estas familias contraten un abogado y se personen en el procedimiento judicial "porque es así como se puede solucionar el problema. Además, para pedir daños y perjuicios deben personarse en la causa. Esto es una vía muerta y debe quedar sobre la mesa".

El portavoz del grupo socialista, Miguel Tornay, argumentó que no cabe aprobar una modificación del PGOU para legalizar una situación que no lo es. "El juez así lo ha dicho. Todos estamos preocupados por estas familias pero el equipo de gobierno debe estarlo doblemente, por estos vecinos y por sus responsabilidades en este asunto. Aldepama ya advirtió hace tiempo de lo que ocurría pero el Ayuntamiento no avisó a los vecinos. La solución pasa porque la empresa promotora dé a esta familias otras viviendas, su dinero y una indemnización por daños y perjuicios, y se derribe un edificio que ocupa suelo público".

Tornay agregó que era una "desfachatez" llevar este asunto a pleno "habiendo una sentencia. Además, ¿a qué esperan ustedes para sancionar al promotor?. Están asustados y se les ve el plumero. Votaremos en contra de este asunto por que hay una sentencia y por sentido común si este punto no queda sobre la mesa porque es una temeridad y una irresponsabilidad seguir adelante".

El portavoz del PP, Juan Montero, acusó a IU de populismo y demagogia y de haber protagonizado una intervención "llena de falacias. Utilizar a estas 36 familias para intentar quemar al equipo de gobierno es algo que no le voy a permitir".

Sobre el punto en cuestión, señaló que se trata de una situación irregular que nadie deseaba y negó que el Ayuntamiento o los técnicos municipales sean responsables de lo ocurrido. "No queremos hurtar a los afectados que emprendan acciones legales contra quienes quieran pero con eso no solucionarán su problema. La solución sólo pasa por esta innovación del PGOU. Es nuestra apuesta, porque además, la LOUA lo permite incluso con la reciente sentencia. Además, ya disponemos de dos informes favorables de la Junta: el de la Agencia Andaluza del Agua y el de la Consejería de Medio Ambiente, por lo que no será tanto despropósito si la propia Junta nos dice que es viable".

Finalmente, aseguró que los culpables "pagarán, pero primero queremos resolver el problema y luego se buscará a los responsables".

En su segundo turno de intervención, el concejal de UPL, Antonio García Buendía, recordó que en Marbella y Benidorm han sido legalizadas centenares de viviendas ilegales y preguntó por qué no puede ocurrir lo mismo con estos pisos. "Debe haber una forma. Si es necesario dejemos este asunto sobre la mesa para buscar una salida".

Tornay añadió que no se cree que el Ayuntamiento desconociera la irregularidad de estas casas.

El alcalde, Alejandro Sánchez, tomó la palabra al final del debate para asegurarles a estas familias que tratará de solucionar este problema y aseguró que confía en la colaboración de la Junta. "Toda persona que no haya hecho las cosas bien tendrá consecuencias. Lo garantizo", apostilló.