El abogado James Levy anuncia una demanda civil contra la Royal Gibraltar Police por la orden de registro que dio origen al caso McGrail

El socio principal del bufete Hassans, James Levy, amigo y mentor del ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha anunciado que emprenderá acciones legales civiles contra la Royal Gibraltar Police (RGP) por la obtención y ejecución -según considera, irregulares- de una orden de registro en mayo de 2020, que ve como una grave vulneración de su derecho constitucional a la privacidad.

En un comunicado emitido este lunes a través de Hassans, Levy informó de que ha enviado una carta formal previa a la acción judicial al comisario de la RGP, notificándole su intención de iniciar un procedimiento civil por la supuesta violación del artículo 7 de la Constitución de Gibraltar, que protege el derecho a la privacidad y que, según subrayó, está estrechamente ligado al deber de confidencialidad que mantiene con sus clientes.

La orden de registro, enmarcada en la denominada Operación Delhi, fue solicitada por agentes de la RGP al Tribunal de Magistrados cuando Levy era sospechoso en una investigación policial. Sin embargo, el abogado nunca fue detenido ni acusado y posteriormente fue completamente exonerado una vez que la investigación siguió su curso ordinario.

Según Levy, la actuación policial derivó en intrusiones ilegales en su domicilio y en sus instalaciones profesionales, así como en la incautación de dispositivos electrónicos que contenían material legalmente privilegiado y confidencial. Estos hechos fueron uno de los episodios analizados en la investigación pública sobre la jubilación anticipada del ex comisario de Policía, Ian McGrail, presidida por sir Peter Openshaw.

En el informe final, Openshaw considera que Fabián Picardo realizó intentos “gravemente inapropiados” de interferir en la investigación y en la operación policial cuando reprendió al entonces jefe de la RGP por el registro. Picardo opinaba que la orden se había solicitado con pruebas insuficientes y que un abogado de la relevancia de Levy debería haber cooperado voluntariamente con la RGP, que podía haber obtenido una orden de producción de dispositivos electrónicos, menos intrusiva que un registro completo.  

En el informe Openshaw se leen serias críticas a la solicitud de la orden de registro, señalando múltiples deficiencias procedimentales, entre ellas la falta de una divulgación completa y franca ante el tribunal. Levy, que prestó declaración en dicha investigación, recordó que el informe también confirmó su total exoneración de cualquier conducta indebida.

No obstante, Sir Peter Openshaw precisó que su comisión no estaba facultada para pronunciarse sobre la legalidad de la orden. En su informe afirmó estar “enteramente satisfecho” de que los agentes de la RGP actuaron de buena fe, y señaló que la solicitud fue redactada sin asesoramiento legal, conforme a la práctica existente en aquel momento. Aun así, reconoció que había identificado hechos que “podrían llevar a otros a considerar que existieron fallos procedimentales” en la solicitud presentada ante el tribunal.

Entre sus recomendaciones, el responsable de la investigación propuso que en casos de alto perfil, sensibles o jurídicamente complejos, las solicitudes de órdenes de registro sean revisadas por la Oficina de Enjuiciamiento Penal y Litigios (OCPL), con la posible intervención de abogados independientes con experiencia. También recomendó que la RGP esté representada por letrados en este tipo de solicitudes y que los jueces dispongan de tiempo suficiente para examinar detalladamente los fundamentos escritos antes de resolver.

James Levy afirmó que, por el momento, no realizará más comentarios mientras se prepara el eventual proceso judicial.