Cuando, en la madrugada del pasado jueves, las fuerzas de seguridad de Gibraltar y los Royal Marines abordaron el Grace 1, un petrolero que transportaba crudo a Siria, el Peñón estaba colocándose en la primera plana de un conflicto internacional que ya dura más de ocho años.

El Gobierno gibraltareño ordenó la detención del barco tras conocer que estaba infringiendo las sanciones que la Unión Europea tiene establecidas contra Siria por la represión ejercida por el régimen de Bashar al Assad contra la población civil. El Consejo de la UE prorrogó durante otro año, hasta el 1 de junio de 2020, las sanciones en vigor contra el régimen de Siria y sus defensores, al considerar que “la represión contra la población civil no ha remitido”.

Tras la detención del petrolero, los acontecimientos se desencadenaron minuto a minuto. El Gobierno de Irán reaccionó inmediatamente, exigió al del Reino Unido la “liberación inmediata” del petrolero iraní y denunció la detención del navío como un acto de “piratería”, según un comunicado oficial del ministerio de Relaciones Exteriores.

Irán presentó la solicitud el jueves por la noche al embajador del Reino Unido en Teherán, Rob Macaire, que fue convocado por el ministerio de Relaciones Exteriores, que afirma que el petrolero fue interceptado en “aguas internacionales”. Las autoridades británicas afirman que la interceptación se produjo a unos cuatro kilómetros al sur del Peñón, en una zona que los navíos emplean para repostar.

Aunque en principio se habló de que el buque tenía bandera de Panamá, la Autoridad Marítima de aquel país informó de que la había cancelado el pasado 29 de mayo. La institución explicó que el Grace 1 fue dado de baja tras recibir una alerta del Consejo de Seguridad Nacional en la que se indicaba que el navío "estaría participando de la financiación del terrorismo, en apoyo a las actividades desestabilizadoras de algunas regiones lideradas por grupos terroristas".

Inmediatamente, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, mostró su satisfacción por la medida tomada por Gibraltar. “Excelentes noticias: el Reino Unido ha arrestado al super tanquero Grace 1 cargado con petróleo iraní con destino a Siria, dentro de violación de las sanciones de la Unión Europa”, manifestó en Twitter. “Estados Unidos y sus aliados continuarán impidiendo que ya los regímenes dentro de Teherán y Damasco se beneficien de este comercio ilícito”, apostilló.

Horas más tarde, el secretario del poderoso Consejo de Discernimiento de Irán, Mohsen Rezaí, exigió a las autoridades del país tomar medidas contra el Reino Unido por la detención en Gibraltar del barco. “Si el Reino Unido no libera el petrolero iraní, las autoridades tienen la responsabilidad de tomar una medida similar y apoderarse de un petrolero británico”, declaró Rezaí en un mensaje publicado en Twitter. “La revolución islámica, durante sus 40 años de historia, en ningún escándalo ha sido iniciadora de tensiones, pero nunca ha dudado en responder a los que quieran imponer su palabra a la fuerza", agregó Rezaí.

Al conflicto se sumó Rusia, quien condenó la detención y afirmó que la acción buscaba agravar la situación en torno a Siria e Irán. “Condenamos la detención del superpetrolero bajo bandera panameña, llevada a cabo este 4 de julio por las autoridades de Gibraltar con apoyo de unidades especiales de la Infantería de Marina de las Fuerzas Armadas de Reino Unido”, afirmó el Ministerio de Exteriores ruso en una nota.

“Los comentarios jubilosos de altos funcionarios de Reino Unido y EEUU tras la operación confirman esta valoración y muestran que esta acción se preparó durante largo tiempo, con la participación de los correspondientes servicios y entidades de varios países”, agregó.

Mientras tanto, el Gobierno de Gibraltar emprendió el interrogatorio de los 28 tripulantes del petrolero, la mayoría indios, pero también algún paquistaní y algún ucraniano, en calidad de testigos, no de sospechosos. Fueron trasladados al puerto mientras la Policía y los agentes de aduanas continuaron a bordo del petrolero para realizar sus pesquisas.

Además, el fiscal general gibaltareño obtuvo una orden de la Corte Suprema del Peñón extendiendo por catorce días el período de detención del barco. En virtud del Reglamento establecido por la Ley de Sanciones de Gibraltar, la primera detención del barco en navegación permitió a las autoridades retenerlo durante 72 horas. La prolongación de este periodo requiere una orden de la Corte Suprema de Gibraltar mediante una solicitud del fiscal general. El alto tribunal la concedió, después de una audiencia privada, sobre la base de que existen motivos razonables para considerar que la detención del Grace 1 es necesaria para el cumplimiento del Reglamento 36/2012 de la Unión Europea sobre sanciones a Siria.

La otra polémica

Otra pata de la polémica detención del barco se deriva del propio conflicto de la Verja. El ministro de Asuntos Exteriores español, Josep Borrell, afirmó que la detención se había producido en aguas españolas y fuentes cercanas al Ministerio explicaron que se estaban planteando elevar una queja al Reino Unido. Además, Borrell subrayó que la incautación del buque se produjo a instancias del Gobierno de EEUU, lo que generó la respuesta del Gobierno de Fabián Picardo: “Todas las decisiones se tomaron solo como resultado directo de que existían razones justificadas para creer que estaba infringiendo las sanciones de la UE contra Siria”.

“El Gobierno de Gibraltar no recibió en ningún momento peticiones políticas de ningún gobierno para actuar o dejar de actuar”, explicó el Ejecutivo gibraltareño en un comunicado. “La información sobre el presunto destino sirio de la embarcación y su mercancía exigía legalmente a Gibraltar emprender las medidas necesarias cuando esta entró en nuestra jurisdicción”, continuó. “El Gobierno de Gibraltar tomó sus decisiones de forma totalmente independiente, con base en una infracción de la legislación vigente y de ninguna manera basándose en consideraciones políticas ajenas”, apostilló el Gobierno de Picardo, que entiende que “estas decisiones importantes sobre la violación de nuestras leyes no se tomaron en absoluto siguiendo órdenes políticas o instrucciones de cualquier otro Estado o tercero”.

“En los países que se rigen por el Estado de derecho, las decisiones sobre la aplicación de las leyes en relación con actos que pueden constituir delitos penales se toman con base en los hechos y el análisis jurídico, nunca con base en instrucciones políticas, vengan de donde vengan”, concluyó.