El fiscal general gibaltareño ha obtenido una orden de la Corte Suprema del Peñón extendiendo por catorce días el período de detención del petrolero Grace 1, interceptado por las autoridades británicas frente a las costas de Gibraltar y sospechoso de llevar petróleo a Siria violando las sanciones europeas.

En virtud del Reglamento establecido por la Ley de Sanciones de Gibraltar, la primera detención del barco en navegación permitió a las autoridades retenerlo durante 72 horas. La prolongación de este periodo requiere una orden de la Corte Suprema de Gibraltar mediante una solicitud del fiscal general. El alto tribunal la concedió, después de una audiencia privada, sobre la base de que existen motivos razonables para considerar que la detención del Grace 1 es necesaria para el cumplimiento del Reglamento 36/2012 de la Unión Europea sobre sanciones a Siria.

Después de que el ministro de Exteriores español, Josep Borrell, dijera que la retención del barco se produjo a petición de EEUU, el Gobierno de Gibraltar ha explicado en una nota de prensa que "todas las decisiones se tomaron solo como resultado directo de que existían razones justificadas para creer que estaba infringiendo las sanciones de la UE contra Siria". 

"El Gobierno de Gibraltar no recibió en ningún momento peticiones políticas de ningún gobierno para actuar o dejar de actuar", explica. "La información sobre el presunto destino sirio de la embarcación y su mercancía exigía legalmente a Gibraltar emprender las medidas necesarias cuando esta entró en nuestra jurisdicción", continúa. "El Gobierno de Gibraltar tomó sus decisiones de forma totalmente independiente, con base en una infracción de la legislación vigente y de ninguna manera basándose en consideraciones políticas ajenas", apostilla el Ejecutivo de Picardo, que entiende que "estas decisiones importantes sobre la violación de nuestras leyes no se tomaron en absoluto siguiendo órdenes políticas o instrucciones de cualquier otro Estado o tercero".

"En los países que se rigen por el Estado de derecho, las decisiones sobre la aplicación de las leyes en relación con actos que pueden constituir delitos penales se toman con base en los hechos y el análisis jurídico, nunca con base en instrucciones políticas, vengan de donde vengan", concluye.