La utilización de los gibraltareños de algunos servicios públicos en España como hasta ahora está a solo siete días de dar un vuelco considerable si el Gobierno español no lo remedia. En medio de la negociación emprendida por la Unión Europea (UE) y el Reino Unido para establecer la futura relación de Gibraltar con los Veintisiete, el próximo domingo 31 de octubre expira el Decreto-Ley por el que España ha garantizado la asistencia sanitaria, el reconocimiento de los carnés de conducir y las homologaciones de títulos y estudios a los gibraltareños y británicos desde que en diciembre de 2020 culminaron su salida  de la UE. Según ha podido saber este periódico, el Ministerio de Exteriores español "estudia la posibilidad" de prorrogar estas medidas hasta una fecha todavía por determinar. 

El 31 de enero de 2020, el Reino Unido dejó de ser Estado miembro de la UE y pasó a tener la consideración de tercer país tras la ratificación del Acuerdo de Retirada, que preveía un periodo transitorio desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020. Durante 2020, la Comisión Europea (CE) publicó más de ochenta comunicaciones preparatorias sobre diversas materias, en las que solicitaba a los estados miembros que realizasen, según sus respectivas competencias, preparativos frente a las consecuencias que inevitablemente conllevaría el fin de ese periodo transitorio. 

España aprobó entonces el Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptaban medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y con él, de Gibraltar, "orientadas a tutelar los intereses de ciudadanos y operadores económicos que pudieran verse afectados". Todas estaban sujetas a la reciprocidad por parte británica. Entre ellas se encontraban el plazo de vigencia del acceso a la asistencia sanitaria española de los gibraltareños y el que habilita a los titulares de permisos de conducción expedidos por las autoridades británicas, válidos y en vigor, a conducir en España. Estas medidas -además de la que evita cargas administrativas relativas a la homologación, declaración de equivalencia y convalidación de títulos y estudios presentados antes del 1 de noviembre de 2021- caducaban el 30 de junio de 2021, pero fueron prorrogadas por el Consejo de Ministros español según aconsejaban "determinadas circunstancias". Esa prórroga se cumple el próximo domingo.  

Ahora, según ha podido saber este periódico, el Ministerio de Exteriores valora si volver a prorrogarlas. Hay quien piensa que no tiene sentido hacerlo cuando de lo que se trata es de alcanzar un acuerdo definitivo. Si finalmente lo hace, deberá aprobarse en Consejo de Ministros, que se reúne los martes en el Palacio de la Moncloa, aunque con carácter excepcional puede celebrarse cualquier otro día. Por tanto, en principio es mañana cuando el Gobierno podría mantener estas medidas para mantener la situación del Gibrexit como hasta ahora o dejar que se extingan. 

Hasta ahora, las personas que acrediten tener derecho a la asistencia sanitaria en el Reino Unido o Gibraltar no tienen que pagar por ser atendidos en el sistema sanitario público español, ya que el coste de su asistencia corre a cargo de sus países de origen, que reembolsan los gastos a España. También tienen validez las tarjetas sanitarias individuales expedidas a los británicos residentes en España y está vigente en las farmacias españolas la dispensación de recetas de medicamentos extendidas en el Reino Unido y en Gibraltar. Al menos, hasta el domingo.

Conducir

Ese día también caducarán, siempre que el Gobierno de España no diga lo contrario, los permisos de conducción, válidos y en vigor, expedidos por las autoridades británicas y que hasta ahora han habilitado a sus titulares a conducir por las carreteras españolas. La prórroga del Real Decreto-ley 38/2020 establece que, cumplido el plazo, el régimen de los permisos de conducción expedidos por las autoridades británicas será el previsto para los permisos expedidos en terceros países, en los términos regulados en la normativa vigente en materia de tráfico. Los conductores de terceros países deben presentar un Permiso Internacional para Conducir. Tiene una validez de un año y un coste 8,59 euros. Además, si el coche tiene matrícula de un tercer país hay que solicitar en aduanas un permiso temporal de circulación para el vehículo. Su validez es de seis meses y posteriormente se debe registrar el coche en España.

Banderas de Gibraltar y Reino Unido en la calle principal del Peñón.

Universidad

Al menos hasta el domingo, España no requiere la apostilla del Convenio de La Haya en los documentos de las solicitudes de homologación y declaración de equivalencia de títulos universitarios o no y otros centros e instituciones de educación superior del Reino Unido, que hubieran sido presentadas ante las autoridades españolas con anterioridad al 1 de julio de 2021. Esta medida supone, como las demás, eludir un gran número de cargas administrativas a los ciudadanos. 

Negociación

La Unión Europea y el Reino Unido celebraron este mes de octubre la primera ronda de las negociaciones sobre el futuro estatus de Gibraltar, con vistas a alcanzar un pacto antes de fin de año (mediados de diciembre) que saque a la colonia del limbo en el que se encuentra.

El Peñón se encuentra fuera la Unión, pero tampoco está incluido en el tratado de comercio y cooperación que regula la relación entre el Reino Unido y los Veintisiete, lo que convierte sobre el papel el paso fronterizo con La Línea en una frontera exterior de la UE. 

La negociación intenta convertir en un tratado el principio de acuerdo al que Madrid y Londres llegaron in extremis el pasado 31 de diciembre, por el que Gibraltar disfrutaría de las ventajas del espacio europeo sin fronteras con España como garante.

De forma paralela, el Ejecutivo comunitario y el del Reino Unido negocian fórmulas para salvar el protocolo norirlandés incluido en el acuerdo del Brexit, tras los problemas de escasez de productos y tensiones políticas en Irlanda del Norte. Además, Londres ha planteado nuevas exigencias, como la desaparición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de esa parte del acuerdo, y ha amenazado con suspender el protocolo si sus peticiones no quedan satisfechas.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó que una negociación "no debería" interferir en la otra. la realidad es que parece inevitable que lo haga.