Cuando este jueves 31 de diciembre los campogibraltareños se coman la última uva, la Verja que separa La Línea de Gibraltar se convertirá en una frontera exterior de la Unión Europea (UE). A menos que un improbable acuerdo de última hora lo evite, las relaciones entre el Campo de Gibraltar y el Peñón se verán obstaculizadas con la culminación del Brexit.

Cuatro años y medio después del referéndum que dio comienzo a la salida de Gibraltar y Reino Unido de la UE, las consecuencias son impredecibles, especialmente en La Línea. Es lo que el Ministerio de Exteriores español llama "cambios de gran alcance en múltiples aspectos de la relación con Reino Unido, que afectarán a ciudadanos, operadores económicos y administraciones".

Para intentar mitigar estos efectos negativos, el Gobierno de España ha aprobado un paquete de medidas que suaviza al máximo posible el impacto, al garantizar los derechos de los gibraltareños y británicos residentes en España tras el fin del periodo transitorio con la Nochevieja. Pero son medidas limitadas en el tiempo y, además, requieren que Reino Unido haga lo mismo. La pelota está, por tanto, en el tejado de Londres. Si antes de dos meses no hay "reciprocidad" y los británicos toman las suyas para favorecer a los españoles, el Gobierno de Pedro Sánchez prevé la posibilidad de suspenderlas. Hasta el momento, el único paso dado por los británicos es el acuerdo alcanzado con España el 17 de noviembre para que los 15.000 trabajadores fronterizos -casi 10.000, españoles- reciban "el tratamiento a que ya tienen derecho según la legislación de la Unión Europea, a pesar del Brexit".

España aprobó además el martes que los ciudadanos de la Unión Europea que residan en España pero se desplacen diariamente a Gibraltar para trabajar y coticen allí podrán acceder a prestaciones por desempleo o cese de actividad hasta el 31 de diciembre de 2022.

Los británicos que residen en España y Gibraltar podrán seguir beneficiándose del sistema sanitario y el universitario español, así como de sus permisos de trabajo o de conducir de manera temporal. Así lo refleja el Real Decreto-Ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros que adapta el ordenamiento jurídico español 

Además, se ha incluido una disposición final dirigida a asegurar que la entrada en vigor de las medidas es plenamente compatible con la eventual entrada en vigor de los acuerdos alcanzados por la Unión Europea y Reino Unido el pasado 24 de diciembre.

Además, el real decreto especifica que los gibraltareños, que a 31 de diciembre de 2020 estaban registrados como tales, podrán continuar ejerciendo profesiones para las que se exige ser nacional de un estado miembro, mantendrán su empleo en la administración pública y podrán seguir investigando en España sin necesidad de nuevos permisos. Se prevé un plazo de cinco años para presentar solicitudes de reconocimiento de cualificaciones profesionales y que sean resueltas bajo el régimen actual.

También se permite que los nacionales de Reino Unido o nacionales de la UE residentes en Reino Unido que ejerzan una profesión de manera temporal en España puedan continuar ejerciéndola para cumplir los contratos firmados antes del 1 de enero.  También se asegura la protección de los derechos de los trabajadores en materia de Seguridad Social, a la vez que se recogen medidas para que los nacionales de Reino Unido, así como los nacionales de la Unión Europea, puedan acceder a las prestaciones por desempleo por los periodos cotizados hasta el 31 de diciembre de 2020, en cualquier Estado miembro de la Unión Europea incluidos los periodos cotizados en Reino Unido, siempre que las últimas cotizaciones se hayan realizado en España y se mantenga el derecho a residir legalmente en España.

Las sociedades profesionales británicas, por su parte, podrán seguir desarrollando su actividad en España durante un plazo de seis meses (hasta el 30 de junio de 2021). El plazo se extiende a todo 2021 para los auditores y sociedades de auditoría.

Las medidas contemplan que los permisos de conducción británicos seguirán habilitando a sus titulares para conducir en España durante seis meses a partir del 1 de enero de 2021. Es decir, los permisos de conducir de los gibraltareños les permitirán hacerlo en España hasta el 30 de junio de 2021.

La bandera de España (en primer término) y las de Reino Unido, Gibraltar y la Commonwealth, detrás.

Las autorizaciones de armas, explosivos, artículos pirotécnicos y cartuchería mantendrán su validez hasta su expiración -todas aquellas que hayan sido concedidas con anterioridad al 1 de enero de 2021-.

También se permite la continuidad con condiciones de determinados servicios financieros y la actividad de las empresas transportistas entre España y Gibraltar, así como determinadas previsiones en el ámbito de los servicios aéreos y aeroportuarios.

Se extienden a Gibraltar todas las medidas que protegen a los trabajadores con independencia de su nacionalidad y, para los gibraltareños, hasta el 30 de junio de 2021, también se hace extensiva la regulación de la Unión Europea que otorga el derecho a recibir asistencia médica en los hospitales públicos españoles cuando se desplacen a España o si residen en España.

Se prevé la vigencia continuada de las tarjetas sanitarias de los británicos residentes en España hasta el 30 de junio de 2021 y de la dispensación de recetas de medicamentos extendidas en Reino Unido. Los alumnos procedentes de los sistemas educativos británicos podrán seguir acogiéndose a los procedimientos de acceso a la Universidad española para el curso 2021-2022 en los mismos términos previstos para los alumnos procedentes de sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea.Las medidas adoptadas también regulan las actividades económicas que permitirán la continuidad de los contratos de prestación de servicios financieros por parte de entidades británicas, suscritos antes del 1 de enero de 2021, con determinadas condiciones y limitaciones. "Una medida con la que se trata de evitar que el incremento de la incertidumbre y la pérdida del acceso al mercado europeo pudieran afectar a la estabilidad financiera o llegar a perjudicar a los clientes de los servicios financieros", explica el Gobierno español.La autorización o registro concedido por las autoridades británicas a las entidades de servicios financieros mantendrá provisionalmente su vigencia hasta el 30 de junio de 2021, para realizar las actividades que sean necesarias a efectos de llevar a cabo la ordenada terminación o cesión de los contratos suscritos antes del 1 de enero de 2021 a entidades debidamente autorizadas para prestar en España los servicios financieros en los términos previstos contractualmente. El plazo se podrá extender hasta el 31 de diciembre de 2022 para las entidades aseguradoras.En cuanto a la contratación pública, también se permite la continuidad del régimen jurídico aplicable a operadores económicos británicos que hayan participado en procesos de adjudicación de contratos públicos antes del 1 de enero de 2021.  

Negociación

Después de que Gibraltar haya quedado excluida del acuerdo de retirada de Reino Unido de la UE, los equipos negociadores español y británico se encuentran inmersos en una compleja negociación sobre la futura relación con el Peñón que, según la ministra de Exteriores española, Arancha González Laya, deberá estar acordada antes de este 31 de enero. 

España ve con buenos ojos la propuesta de Gibraltar de establecer en la Verja una frontera Schengen para la libre circulación de personas que situaría en el puerto y el aeropuerto las dos únicas vías de entrada a la Roca desde fuera de la UE e impulsaría el proyecto de crear esa zona de "prosperidad compartida" que el Gobierno español se marcó como objetivo desde un principio. 

Pero esta iniciativa se encuentra con varios obstáculos que han impedido el acuerdo. Para empezar, Reino Unido se retrasa a la hora de ratificar el Tratado Fiscal acordado con España. También hay diferencias entre ambos gobiernos respecto a la trazabilidad de tabaco que importa Gibraltar -y que en su inmensa mayoría acaba entrando de contrabando en España- o asuntos medioambientales relativos al tratamiento de residuos en el Peñón.

Además, el paso Schengen tendría que estar a cargo de un estado miembro. Reino Unido no puede porque no pertenece a ese acuerdo. España está dispuesta a asumirlo, pero Reino Unido se niega porque implicaría la presencia de agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y/o Aduanas en el Peñón.