El Grupo Municipal Andalucista de Los Barrios califica de "indignante" la nueva condena al ex alcalde socialista Alonso Rojas, que le inhabilita a tres años y seis meses más para cargo público por prevaricación urbanística. Para los andalucistas esta nueva condena a la gestión del PSOE en el Ayuntamiento de Los Barrios es una prueba más de las múltiples que existen y "de la nefasta gestión socialista de la entidad municipal".

Como publicó ayer este diario, el ex alcalde socialista de Los Barrios Alonso Rojas y el ex concejal de Urbanismo Antonio Rodríguez han sido condenados a tres años y seis meses de inhabilitación para cargo público por prevaricación urbanística. Esta fue la pena acordada por las partes antes de iniciarse la vista oral prevista para este lunes en el Juzgado de lo Penal número 3 de Algeciras por la denuncia iniciada por un ciudadano contra el bar Juma, ya desaparecido, por las molestias y ruidos provocados entre los años 2006 y 2011.

"Esta tropelía en la gestión municipal se une a las múltiples más que pesan sobre los ex alcaldes socialistas y el PSOE como el dejar al irse del Ayuntamiento dos nóminas sin pagar, una deuda de más de 30 millones a acreedores más de quince años sin pagar a Seguridad Social y Hacienda, la quiebra total de las cinco empresas municipales, unos servicios públicos mínimos y una plantilla municipal saturada, llena de contrataciones irregulares, haciendo imposible el abono de sus nóminas", añadió el partido.

Los andalucistas instaron al PSOE y a sus ex alcaldes a pedir perdón al pueblo de Los Barrios "por toda la ruina dejada en herencia -más de 220 millones de deuda-, que sus ciudadanos sufrirán durante décadas".

La causa referida, iniciada hace más de una década, se ha cerrado con una condena de 9 meses de prisión por delito contra el medio ambiente para la propietaria del citado establecimiento, E.S.J., y otros nueve meses de inhabilitación para ejercer profesión u oficio en la hostelería.

La indemnización fijada para los afectados por la actividad del bar en los años referidos asciende a 73.000 euros, que deberán ser abonados de forma conjunta y solidaria por los tres condenados. En el caso de que ninguno de ellos respondiese correspondería al Ayuntamiento abonarlos.