Primero fue una concentración, después cuatro días de paros parciales y ayer, jueces y fiscales protagonizaron una imagen inédita para reivindicar reformas urgentes en la Administración de Justicia: una huelga conjunta convocada por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales. La lista de reivindicaciones es larga: despolitización de los órganos de gobierno, más medios y personal, menos carga de trabajo y recuperar los derechos laborales perdidos en los años de crisis. Y esta última (por ahora) fase de las protestas llega con una advertencia: si no hay cambios y negociación, el próximo paso puede ser una huelga indefinida.

Para el sector judicial la situación actual de este servicio público puede resumirse con dos palabras: dejación y abandono. "La Justicia no interesa", sintetizaba ayer el juez decano de Algeciras, Alberto Ruiz. Tan es así, explicaban los huelguistas, que la Administración pública no ha fijado siquiera unos servicios mínimos para la huelga, sino que han sido los propios convocantes los que los han establecido. Y dejando a un lado esos autodesignados servicios mínimos, el seguimiento de la huelga fue un éxito: la respaldaron el 100% de los órganos unipersonales (sí trabajaron los cuatro magistrados de la sección algecireña de la Audiencia Provincial) y el 100% de los fiscales. En el camino se quedaron unos 40 juicios que fueron suspendidos, algo por lo que el juez decano pidió disculpas a los usuarios.

Con ese importante seguimiento (el 65% de los jueces y el 52% de los fiscales en el conjunto del país) los profesionales reclaman un cambio radical en la actual Administración de Justicia. Un sistema en el que hay 12 jueces por cada 100.000 habitantes para 22 de media europea. Que a juicio del fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, necesita cuatro fiscales más en el Campo de Gibraltar para cubrir la demanda pero que sobre todo padece la falta de funcionarios: la Fiscalía tiene la mitad de los que necesitaría para sacar adelante el trabajo con normalidad (las bajas no se están cubriendo inmediatamente como se comprometió la Junta de Andalucía, denuncia). El mismo sistema en el que la sección de la Audiencia Provincial en Algeciras está a la cabeza de Andalucía en número de asuntos ingresados y resueltos, muy por encima de la carga de trabajo referencial.

En el caso de la comarca (también de otros muchos puntos), el problema se extiende a la falta de unas instalaciones judiciales adecuadas. Las dependencias están dispersas y en mal estado, una situación que llega a ser sangrante en el Palacio de Marzales, que carece de las medidas de seguridad más básicas. Y en medio de esa precariedad de medios se ha emprendido un proceso de digitalización que hace aguas, a juzgar por las primeras experiencias sufridas. "En los sitios en los que se ha empezado con el proyecto piloto, con los medios que nos dan un fiscal tarda 25 minutos dar como visto un asunto, cuando ahora puede llegar a 30 vistos a la hora", exponía ayer Juan Cisneros. También reclaman más formación en ese proceso, para que no vuelva a ocurrir que "un juzgado de instrucción se entere de que los atestados pasaban a hacerse de forma telemática cuando dejó de verlos en papel. Nadie había avisado ni explicado el funcionamiento del nuevo sistema", añadió Ruiz.

Las retribuciones y derechos laborales son otro de los capítulos de esta huelga. "Somos el colectivo al que más se recortó durante la crisis y todavía no hemos recuperado nada", explicaba Juan Cisneros. Ese nada incluye días de vacaciones, de asuntos propios y unos salarios pendientes de la mesa de retribuciones que debería reunirse cada cinco años y en la que esperan "recuperar los recortes de los últimos ocho años". Hay que cambiar cuestiones como los pagos por guardias semanales a los jueces de instrucción, que cobran 0,75 céntimos a la hora por hacerlas (hasta 0,50 en San Roque). Ahí entra también la eterna reivindicación sobre la posición que Algeciras, con una elevada carga de trabajo, ocupa dentro de la escala retributiva.

Hay otras quejas, recogidas en el manifiesto conjunto elaborado por jueces y fiscales. Así, reclaman al Consejo General del Poder Judicial nombramientos conforme a criterios de mérito, capacidad, igualdad de género y transparencia. Y le recuerdan que "sigue sin cumplir con su obligación legal de fijar las cargas de trabajo".

La huelga no tiene color político, apuntan también, puesto que hay reivindicaciones al Congreso, el Gobierno, el CGPJ y la Junta de Andalucía.

Jueces y fiscales dejaron ayer vacíos los juzgados para poner el foco sobre estas reivindicaciones tras unos meses de negociación que dejan un balance "decepcionante". "No hay siquiera un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia tras el fracaso de la subcomisión creada al efecto", detallan. Aunque sí ha habido acuerdo en un punto, apuntaba Cisneros: el ministro Rafael Catalá tiene el mérito "de haber puesto de acuerdo a todas las asociaciones de jueces y fiscales".