Los trabajadores de las ambulancias aceptan una bajada salarial del 5%

El personal las ambulancias de la provincia de Cádiz aceptó ayer una bajada salarial del 5% como solución al conflicto laboral que atravesaban desde principios de mes, cuando las dos empresas que gestionan esta prestación para el SAS propusieron una rebaja de sueldos de hasta el 10% alegando una menor inyección de fondos desde la Junta de Andalucía para sufragar los costes del servicio.

El medio millar de empleados que trabajan en esta prestación en todo Cádiz (un centenar en el Campo de Gibraltar) acordó la rebaja en las diferentes asambleas celebradas ayer en diferentes puntos de la provincia. En ella se debatió el preacuerdo alcanzado la víspera entre la representación sindical, las dos empresas gestoras del servicio de ambulancias -SSGA y Ambulancias Barbate- y la propia Junta de Andalucía. Con este acuerdo, la huelga prevista para los días 20 y 22 queda aplazada, no desconvocada, a expensas de ver la aplicación del pacto en la próxima nómina.

El presidente del comité de empresa de SSGA, José Carlos Velasco (UGT), señaló que la bajada salarial del 5% sobre el sueldo bruto se aplicará a un plus de transporte que cotiza en parte, de forma que a efectos de jubilación tendrá menor repercusión. En cifras redondas, la rebaja será del orden de unos 100 euros, frente los 200 que pedían las empresas. Velasco recordó que la bajada de la dotación económica del SAS era del 6%, por lo que de haberse aplicado una reducción del 10%, las mercantiles "ganaban dinero".

Otro de los puntos del acuerdo pasa por mantener los uniformes durante 2013 para fomentar un ahorro extra a las empresas. "El personal es consciente de que al trabajar para una entidad pública, algún recorte iba a sufrir. Lo que no estaba dispuesto era a bajarse más que lo que la empresa dejara de cobrar por el SAS", detalló Velasco.

Así mismo, el preacuerdo incluye para la plantilla de SSGA (mayoritaria en el conjunto de la provincia) la aplicación de un laudo del Sercla de primeros de año que obligaba a la empresa a aplicar la subida pactada en el convenio colectivo. Se trata del IPC más un 1% que se ingresará con efecto retroactivo en la nómina de agosto y que era un punto de conflictividad laboral subyacente para el personal de esta compañía.