El Servicio Andaluz de Salud causa muertes por imprudencia

¡Oiga! ¿Qué está diciendo? El Servicio Andaluz de Salud (SAS) previene y cura la enfermedad. Esa es la que causa la muerte en cualquier caso.

¿Usted no conoce a personas que padecen enfermedades que requieren una constante supervisión médica y la aplicación a tiempo de tratamientos precisamente para evitar la muerte?

Si contesta que sí a esa pregunta le voy a hacer otra: ¿Esas personas que padecen esas enfermedades gravísimas reciben del SAS esa constante supervisión médica, se le realizan las pruebas inmediatamente, reciben tratamientos adecuados y efectivos (cuesten lo que cuesten) y, además, se les administran las terapias con urgencia? Si usted contesta que sí, puede afirmarse que usted no vive en este territorio.

Los movimientos asociativos de pacientes existen para apoyar a las personas enfermas porque el SAS no presta la debida, constante y urgente atención sanitaria. ¿Por qué el SAS no la presta? Cualquier facultativo especialista le responderá que por falta de recursos personales en casi todos los casos y materiales en bastantes otros.

¿Por qué faltan recursos humanos y materiales? Tendría que responder la gerencia del área sanitaria. Llegado a un punto, su respuesta estaría relacionada con que la responsabilidad la tiene la Rocío Hernández Soto, consejera de Salud y Consumo del Gobierno andaluz. Podrá ir dando explicaciones sobre la gestión que su consejería realiza en materia de personal, medicamentos, recursos materiales y equipamientos. Pero llega un momento en que deberá convenir que, una vez alcanzado su techo competencial, es el mismísimo Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, el responsable de que el personal y los medios no alcancen para garantizar que esas personas que se mueren no reciben los auxilios adecuados. Será así porque el presidente de la Junta no da la prioridad debida a la salud pública andaluza en los presupuestos de esa comunidad.

Y en este momento, hay más de una familia afectada por un familiar enfermo que no recibe la atención precisa que llega a la conclusión de que se maltrata a las personas. Y comienzan a darle vueltas a la Responsabilidad Penal de Cargos Públicos por Omisión en la Prestación de Servicios Esenciales en el Ordenamiento Jurídico Español.

Más de una de estas familias hace el siguiente razonamiento: cuando alguien muere puede ser por accidente, muerte natural u homicidio o asesinato. Un accidente médico no es inusual; el personal sanitario puede errar en el diagnóstico, no advertir la gravedad de la enfermedad o incluso mal diagnosticarla aplicando tratamientos erróneos que acaban con la vida de quienes pretenden ayudar. Estas familias descartan el asunto de los accidentes. Por lo de muerte natural, cabría irónicamente pensarse que si no se recibe el tratamiento adecuado, es natural que el enfermo fallezca. Por ello se descarta que la muerte, que ya ha podido visitar su hogar o lo ronda, no será de ninguna manera “natural”. ¿Qué queda? El homicidio o el asesinato. La diferencia entre ambos estriba en la voluntad, el ensañamiento, que bien podría descartarse del tema que nos ocupa. No parece que dentro del SAS o el Gobierno andaluz haya quien tenga inclinaciones a gestionar homicidamente la sanidad pública con el fin de generar homicidios en serie. Y si se descarta, ¿qué quedaría? Buena pregunta. Porque son personas las que deciden a dónde va el dinero del pueblo y son ellas las que, con prudencia y humanidad, deben dar prioridad a estos temas de vida o muerte frente a otros de mucha menor importancia. A quienes se les pregunte, contestarán a bote pronto que si faltan médicos o no funcionan los equipos costosísimos para tratamiento o análisis por falta de personal especializado, quien debía haberlos contratado y no lo hizo incurre en responsabilidad. ¿Administrativa, Civil o Penal? Para las familias que viven agónicamente cómo se consumen sus seres queridos por falta de asistencia no cabe duda: ¡Penal! No obstante, hay quienes, conocedores de las leyes, entienden de la necesidad de discernir las fronteras que separan una mera irregularidad administrativa, o una omisión que genera responsabilidad civil, de un comportamiento omisivo que constituye un delito.

Sería posible establecer la responsabilidad penal de los cargos públicos que no actúan deliberadamente para prestar un servicio considerado esencial. Sobre el carácter esencial de la prestación sanitaria no hay duda ninguna, ni siquiera para el propio Estado, que en su BOE-A-1988-28193 Real Decreto 1479/1988, de 9 de diciembre, establece las normas para garantizar el mantenimiento de los servicios esenciales en la Administración del Estado, entre los que figura la Salud. Y dicho esto, si cuando se producen huelgas de personal sanitario se establecen servicios mínimos del 100%, ¿por qué en la gestión de las vacaciones no contempla la presencia al 100% de las plantillas de sanitarios?

Quienes políticamente deciden en qué gastar o “invertir” los dineros públicos, cuando se les piden explicaciones, orientan la responsabilidad a la Administración, como si la Administración tomara decisiones. Si no hay sustitutos del personal sanitario por vacaciones puede deberse a una mala gestión de la gerencia de turno; una mala gestión de la consejera de turno o a una mala gestión del presidente de Gobierno de turno. Y esa mala gestión se debe a que no se dedican recursos económicos suficientes. Y si dinero hay, se gestiona mal el reclutamiento de los especialistas. Básicamente porque las condiciones de la contratación no son atractivas.

Algún cargo público enarbola la absurda excusa de que “no hay especialistas”. Haberlos haylos en toda España y en toda la Unión Europea y más allá, decenas de miles que, eso sí, desean trabajar con unas determinadas condiciones. Si se planificara la sanidad, evitando el mercadeo que padece, la red pública de salud contaría con todo el personal cualificado preciso. Basta conocer que los profesionales que desean obtener una especialidad médica recurren al MIR (contrato de Medico Interino Residente), que gestiona el Estado.

Pasa exactamente igual con los medicamentos para enfermedades “raras” o de “última generación”. No es que no haya, es que los políticos entienden que son “caros”. ¿Caros para qué? ¿Salvar una vida humana tiene un precio? Parece, por los resultados, que para esos cargos políticos evitar la muerte tiene un precio y como no es la suya, ¡pues eso! Mientras tanto los alcaldes de todas las ciudades denuncian abierta y públicamente esta lamentable situación de la sanidad andaluza ¿o no? Saben que deben asumir la defensa de sus vecinas y vecinas, porque ellas y ellos son quienes enferman y no son atendidos adecuadamente. De hecho mueren ¿víctimas de un homicidio?