El parqué
Continúan los máximos
El Partido Popular Andaluz defenderá este miércoles en el Parlamento autonómico una proposición no de ley (PNL) con la que pretende que la Cámara “repruebe” al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por lo que califica como una “actitud indolente” en la lucha contra el narcotráfico y en la atención a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En el texto registrado, el PP-A acusa al titular de Interior de mantener “constantes incumplimientos” de los compromisos adquiridos con los cuerpos policiales, así como de ejercer un “abandono institucional” que estaría generando “el mayor deterioro de los niveles de seguridad ciudadana y orden público” en Andalucía. Todo ello —sostienen— está provocando situaciones de “enorme peligrosidad” para la integridad física de los agentes.
Los populares también solicitan que la Cámara censure la “conducta poco colaborativa” del Gobierno de España en la investigación del asesinato de dos guardias civiles en Barbate, ocurrido en febrero de 2024, un hecho que desencadenó una fuerte reivindicación profesional y social en la comarca.
La iniciativa reclama al Ejecutivo central un “compromiso nítido e inquebrantable” contra el narcotráfico y las mafias locales, regionales y transnacionales, y que abandone lo que consideran una “concepción errónea del orden público” que, según el PP-A, ha derivado en “falta de apoyo institucional y jurídico” a las FCSE y en un “aumento exponencial del tráfico de drogas”.
Para revertir esta situación, el grupo popular exige al Gobierno que apruebe, con diálogo previo con los agentes, un plan de “refuerzo policial y legislativo” que incluya aumento de efectivos, medios materiales, recursos tecnológicos y cambios normativos que garanticen la seguridad jurídica de los agentes.
Entre esas modificaciones, se pide reformar el Código Penal para tipificar la actividad de los conocidos como petaqueros, personas que almacenan y transportan gasolina destinada a las narcolanchas. El PP-A reclama endurecer las penas vinculadas al suministro y almacenamiento de combustible, una petición que —recuerdan— comparten jueces y cuerpos policiales.
El texto también subraya la necesidad de restaurar o crear unidades antidroga especializadas —como la ya desmantelada OCON-Sur— con financiación suficiente, personal estable y mandatos permanentes para operar en zonas fronterizas de alto riesgo como el Campo de Gibraltar.
Asimismo, se urge al Gobierno a actuar ante la “grave situación” de provincias como Almería, donde el PP-A denuncia la falta de helicópteros y otros medios aéreos, embarcaciones obsoletas y “absoluta impunidad” en el petaqueo; o en Sevilla, donde advierten de un incremento de la violencia de los narcos frente a unos agentes en “clara desventaja numérica y de armamento”.
La iniciativa concluye reclamando que el Parlamento comparta la “lógica indignación” de los agentes ante el “abandono” del Gobierno de España, y exige el reconocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesión de riesgo, así como la equiparación salarial plena y una jubilación digna.
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