La paradoja española: millones de viviendas vacías y miles de familias sin hogar

Mientras el país sufre una emergencia habitacional, millones de pisos permanecen cerrados en manos de bancos, fondos y grandes propietarios. El derecho a la vivienda ha quedado subordinado al mercado.

España vive una contradicción tan flagrante como dolorosa: mientras más de 300.000 familias sufren exclusión residencial o malviven en alquileres imposibles, el país acumula cerca de cuatro millones de viviendas vacías, muchas de ellas en manos de bancos, fondos de inversión y grandes propietarios. Es la expresión más clara de un modelo económico que ha convertido el derecho a la vivienda en un instrumento de especulación.

Tras la crisis de 2008, decenas de miles de inmuebles ejecutados por impago hipotecario fueron absorbidos por entidades financieras y, posteriormente, traspasados a fondos internacionales como Blackstone o Cerberus. Lejos de destinarse a cubrir la demanda de vivienda social o asequible, gran parte de ese parque inmobiliario se ha mantenido ocioso o reservado para operaciones de rentabilidad futura, esperando el momento adecuado para vender o alquilar a precios más altos. En paralelo, la inversión extranjera y el auge del alquiler turístico han tensionado aún más el mercado, expulsando a miles de ciudadanos de los centros urbanos.

La paradoja no es sólo moral, sino también económica: un país con millones de viviendas desocupadas y un déficit crónico de alquiler asequible sufre una de las mayores burbujas de precios de Europa. La vivienda, lejos de cumplir su función social, se ha convertido en un activo financiero protegido por la inacción política.

El Estado, sin embargo, dispone de herramientas legales para intervenir. El artículo 33.3 de la Constitución permite la expropiación por causa de utilidad pública o interés social, siempre que exista indemnización. Algunas comunidades autónomas, como Andalucía o el País Vasco, han utilizado esa figura para expropiar temporalmente el uso de viviendas vacías propiedad de bancos, destinándolas a alquiler social. Pero estas medidas suelen enfrentarse a una feroz resistencia judicial y mediática, amparada en una interpretación casi sagrada del derecho a la propiedad privada.

Más realistas son las vías fiscales y administrativas. Muchos países europeos aplican recargos en el impuesto inmobiliario a quienes mantienen viviendas vacías durante largos periodos. Francia, por ejemplo, grava con hasta un 100% adicional las viviendas desocupadas en zonas de alta demanda. España podría seguir ese camino, al tiempo que bonifica a quienes alquilan a precios asequibles o ceden la gestión al Estado para programas de vivienda social.

También urge ampliar el parque público, hoy reducido a un simbólico 2% del total, frente al 17% de Francia o el 30% de Países Bajos. Sin una oferta pública robusta, cualquier regulación o incentivo se convierte en un parche incapaz de reequilibrar el mercado.

El dilema es, en última instancia, político y ético. ¿Debe el Estado proteger el derecho constitucional a una vivienda digna o resignarse a que el mercado la trate como un bien de lujo? No se trata de expropiar masivamente, sino de recuperar el control sobre un bien esencial que condiciona la vida, la natalidad, la movilidad laboral y la cohesión social.

Cada casa vacía es un símbolo de un sistema que prioriza la rentabilidad sobre la dignidad. Y cada familia sin hogar recuerda que el problema no es la falta de viviendas, sino la falta de voluntad política para ponerlas al servicio de la gente.