La oposición municipal en Tarifa hizo valer ayer su situación de mayoría numérica en la primera sesión plenaria del nuevo mandato y bloqueó la propuesta del equipo de gobierno para fijar el sueldo del alcalde y los siete concejales del Partido Popular.

PSOE, IU y PA coincidieron en estimar excesivo el coste político previsto por el PP mientras que desde el equipo municipal defendieron que suponía una rebaja -aunque leve- respecto al periodo corporativo anterior. Fue, de hecho, el punto que generó más debate en la sesión donde los tres partidos de la oposición también rechazaron la aprobación de la asignación salarial para los representantes del alcalde en las pedanías de Facinas y Tahivilla, así como los importes de la indemnización por la asistencia a los plenos. Del bloque económico, el único punto aprobado fue el relativo a la asignación para los grupos políticos porque, justificaron los tres partidos, no experimentaba cambios.

El equipo de gobierno planteaba una propuesta con un coste político total de 216.046 euros anuales frente a los aproximadamente 230.000 del mandato anterior. El PP proponía fijar el sueldo del alcalde, Juan Andrés Gil, en 50.000 euros anuales (el tope legal para el rango de población del municipio, y unos 3.000 euros menos que en el mandato de 2011); tres concejales con rango de tenientes de alcalde y dedicación exclusiva, a razón de 31.682 euros cada uno; un concejal más con dedicación exclusiva, por 26.000 euros anuales y tres ediles con liberación parcial, por 15.000 euros cada uno. De haber salido adelante, la medida supondría que los siete concejales del PP y el alcalde tendrían un sueldo con cargo a las arcas municipales.

PSOE, IU y PA defendieron haber consensuado un coste político máximo de 162.000 euros brutos anuales, algo más del equivalente al sueldo del alcalde y tres concejales liberados. Sería, según explicaron, lo que las tres formaciones hubieran dispuesto de haber alcanzado un acuerdo tripartito para formar gobierno. Además, agregaron que la reducción prevista era mínima teniendo en cuenta que el gobierno precedente tenía once concejales y ahora, con ocho, apenas se proponía una rebaja de 15.000 euros. Además, compararon el sueldo propuesto para Gil con el de regidores de grandes ciudades como Madrid, Cádiz o Zamora, en el entorno de los 45.000 euros brutos anuales.

La portavoz del Partido Popular, Inmaculada Olivero, insistió en que el sueldo del alcalde era inferior al de anteriores corporaciones y alcaldes de la etapa PSOE-IU, y que el coste político total también descendía, aunque no logró mover las posturas.

Finalmente, el punto obtuvo ocho votos favorables del PP frente a nueve negativos de PSOE, IU y PA, por lo que resultó rechazado. Idéntico resultado obtuvieron las votaciones para fijar las asignaciones a los representantes del alcalde y por la asistencia a los plenos (se proponía pasarlas de 30 a 50 euros por edil). Sí fue aprobada la asignación a los grupos, con un fijo de 100 euros al mes y 115 euros por concejal (no varía respecto al mandato 2011-2015).

"No nos sirve el argumento de que el coste político antes era más elevado. Incluso el que se comparen con el de los anteriores mandatos. El Ayuntamiento de Tarifa tiene hoy más deuda que hace ocho años", apuntó Ezequiel Andréu, portavoz de IU. Para Francisco Ruiz, portavoz del grupo socialista, el sueldo que proponía el alcalde efectivamente era inferior "pero porque lo exige la ley" al tratarse del rango fijado por la normativa estatal. "Nos venden que hay un ahorro al pasar de 230.000 a 216.000 euros, pero lo cierto es que antes había once miembros en el gobierno y ahora, sólo ocho. Hay que acometer una rebaja real del coste político por responsabilidad", apuntó el socialista.

La oposición aseguró haber llamado al alcalde en vísperas del Pleno para plantear su propuesta, sin que fuera atendida. "Se le llamó y no cogió el teléfono. Se le mandó un mensaje y lo contestó, pero sólo daba las gracias, sin más", apuntaron tanto Andréu como Ruiz.

Por su parte, el regidor local se mostró contrariado por el resultado del Pleno al estimar que su propuesta era sensata. "Nos niegan la capacidad de organizar una estructura coherente para un funcionamiento efectivo y según lo intereses de los ciudadanos que nos han legitimado y dado toda su confianza", manifestó Juan Andrés Gil a través de un comunicado. "Estos asuntos deben estar fuera del debate político, sobre todo cuando se hacen planteamientos como el nuestro, dentro del sentido común. No se aumenta el gasto, se baja en su conjunto y sin embargo nos encontramos con la negativa y cerrazón como respuesta", criticó Gil, que no informó de cómo prevé desbloquear el punto.

Esta situación tiene un precedente en la comarca, ya que en Los Barrios el pleno de organización municipal de 2011 también se saldó con un bloqueo de la oposición al gobierno en minoría del Partido Andalucista que impidió fijar el sueldo de los ediles hasta un mes más tarde, cuando el asunto salió adelante en una sesión ordinaria. De hecho, el gobierno barreño trabajó sin cobrar durante todo ese tiempo al no existir un acuerdo plenario que lo avalara pero sí una distribución de competencias, que se fijan aparte y a través de decretos de Alcaldía.