Vía Augusta
Alberto Grimaldi
La conversión de Pedro
Como muchas otras en aquellos años, la mañana del 17 de diciembre de 2019 se inició con el despliegue de unos doscientos guardias civiles en el Campo de Gibraltar, en un gran operativo contra una de las redes del narcotráfico existentes en la comarca. Se trataba de la Operación Ropero. Los agentes detuvieron ese día a 29 personas -incluido un agente destinado en el Puerto de Tarifa- y llevaron a cabo 17 registros domiciliarios, además de incautarse de dinero en efectivo, documentación y diversos efectos en los municipios de Tarifa y Los Barrios, además de en Barbate y Sevilla. Los arrestos se completaron posteriormente hasta llegar a 41; otras nueve personas figuraron en calidad de investigadas.
Casi seis años después y una vez afinadas las diligencias, el Juzgado de Instrucción nº 1 de Algeciras, a instancias de la Fiscalía, ha dictado un auto de sobreseimiento y archivo de la causa contra 30 de los 36 personas que aún permanecían encausadas por delitos contra la salud pública y pertenencia organización criminal. La decisión de la juez instructora, a la que ahora ha tenido acceso esta redacción, fue adoptada en mayo pasado. Entre las personas que quedaron exoneradas de toda responsabilidad penal figura el guardia civil.
La Operación Ropero fue diseñada por el Órgano de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON) Sur, un grupo de élite creado en 2018 en el seno de la Guardia Civil, con el objetivo de poner freno a las mafias del narco, y disuelto en septiembre de 2022 por decisión del Ministerio del Interior, coincidiendo con la imputación de su responsable, el hoy teniente coronel David Oliva, en una causa judicial aún pendiente de sustanciarse.
El OCON Sur no se detenía ante nadie y en sus operativos contaba con el respaldo de otros agentes de la Guardia Civil. En el caso de la Operación Ropero colaboraron miembros de la Comandancia de Algeciras, del Grupo de Acción Rápida (GAR) y del Servicio Aéreo de la Guardia Civil. No obstante, había quienes mantenían que los pasos de ese grupo no estaban siempre bien medidos y que, en ocasiones, sobraban brochazos y faltaba precisión. Dicho de otra forma, la enorme cantidad de detenidos en esas operaciones no se correspondía con el número de encausados finales.
La Operación Ropero puede ser un ejemplo de ello, si bien durante su desarrollo se incautaron 5.176 kilogramos de hachís y nueve embarcaciones, además de dos vehículos todoterreno que habían sido robados para utilizarlos para transportar la droga.
La droga llegaba por mar, para lo que usaban algunas embarcaciones rápidas y otras de tipo recreativo, además de en vehículos con dobles fondos, que entraban en ferri procedentes de Tánger a través del Puerto de Tarifa
La investigación se inició a finales del 2018, tras tenerse información sobre la existencia de una organización criminal, liderada por dos vecinos de Tarifa, que estaba introduciendo grandes cantidades de hachís en la península. La droga llegaba por mar, para lo que usaban algunas embarcaciones rápidas y otras de tipo recreativo, además de en vehículos con dobles fondos, que entraban en ferri procedentes de Tánger a través del Puerto de Tarifa.
Tras varios meses de investigación, la Guardia Civil concluyó que la red contaba con dos grupos de tierra, cada uno liderado por un lugarteniente, con porteadores, conductores, vigilantes -los puntos- y personal para la custodia de la droga en los lugares donde la escondían, conocidos como guarderías.
Había también un grupo que realizaba las labores en el mar, dirigido por tres hombres y una mujer de plena confianza de los líderes de la organización. Entre las tareas de estos estaba el pilotaje de las embarcaciones y las labores logísticas, como el arreglo de los barcos, el repostaje y el relevo de las tripulaciones.
Además, contaban con personas interpuestas ajenas a la organización que utilizaban como testaferros para la compra de los barcos.
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