Una notaría de Los Barrios, escenario de una estafa millonaria con un funcionario de Hacienda implicado

La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal que se dedicaba a vender viviendas de lujo suplantando la identidad de sus propietarios. Entre los once detenidos figura un funcionario de la Agencia Tributaria que, según la investigación, facilitaba los datos personales necesarios para llevar a cabo las estafas.

La operación comenzó en febrero de 2024, cuando un vecino de Albacete denunció haber perdido 400.000 euros tras comprar una parcela en Marbella que nunca llegó a ser suya. La compraventa se firmó en una notaría de Los Barrios (Cádiz), pero el terreno jamás cambió de propietario.

Los estafadores captaron a la víctima ofreciendo la parcela a un precio muy inferior al del mercado. Después, con documentación falsificada, suplantaron la identidad del verdadero dueño para formalizar la venta.

En una primera fase de la investigación, los agentes del Puesto Principal de Los Barrios, pertenecientes a la Comandancia de Algeciras, detuvieron a cuatro personas y registraron varias viviendas en Marbella, Jimena y Toledo. Allí hallaron más de 130.000 euros en efectivo y numerosos documentos falsos.

En la segunda fase, la Guardia Civil localizó a la mujer que se hizo pasar por la propietaria en la notaría y a los tres falsificadores que elaboraron los pasaportes utilizados en la transacción.

Durante las pesquisas se descubrió, además, que la red había empleado el mismo modus operandi en otra operación fraudulenta en Benahavís (Málaga), donde suplantaron la identidad del CEO de una compañía aérea.

El funcionario detenido, adscrito a una delegación de la Agencia Tributaria, habría proporcionado datos personales a los cabecillas de la trama, algo sin lo cual —según los investigadores— la estafa no habría sido posible.

La organización operaba de manera jerarquizada, con cada miembro cumpliendo un papel definido: desde quienes localizaban inmuebles cuyos dueños, en su mayoría extranjeros, residían fuera de España durante largos periodos, hasta los encargados de buscar falsos vendedores con la misma nacionalidad que las víctimas para dar credibilidad a las operaciones.

Los once arrestados están acusados de falsedad documental, estafa, organización criminal, cohecho y revelación de secretos.