Marlaska, reprobado

La visita de una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo PE) a Algeciras y Barbate el pasado mes de mayo, a fin de evaluar la criminalidad vinculada al narcotráfico, derivó en la aprobación de un informe en el que se recomendaba a España que recuperase el Órgano de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico (OCON Sur). Este fue disuelto en 2022 después de un balance positivo de 350 operaciones, 13.411 detenciones y más de 1.300 toneladas de droga incautadas, sobre todo, hachís. El documento del PE abordaba la necesidad de proteger aún más a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, mejorar tanto sus derechos laborales como su seguridad física y mental y dotarles de medios suficientes para actuar en entornos de alto riesgo, como el Campo de Gibraltar.

Sobre esa base, el Parlamento de Andalucía ha aprobado esta semana, con los votos de PP, Vox y los grupos a la izquierda del PSOE -aunque estos últimos, con algunos matices- la reprobación del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su “desidia” a la hora de atender las demandas apuntadas en dicho informe, suscritas prácticamente en su totalidad por los sindicatos y organizaciones policiales y de la Guardia Civil.

Para ser justos y sin triunfalismos, conviene recordar que fue Grande-Marlaska quien en 2018, en su primera decisión como ministro, creó el OCON Sur con un respaldo unánime que se vio reforzado prácticamente de inmediato a la vista de sus excelentes resultados: los narcos buscaron nuevos métodos y ubicaciones para desembarcar la droga y los miembros del OCON Sur los persiguieron sin descanso allí donde se escondían. También se cometieron errores, claro que sí, y en más de una ocasión se pudieron afinar más las investigaciones para que algún inocente no acabase siendo detenido e imputado.

Coincidiendo con la investigación abierta al jefe del dispositivo o, más bien, debido a ella, la existencia del OCON-Sur llegó a su fin. Sin embargo, no por ello se ha dejado de actuar desde entonces contra el tráfico de drogas con eficacia desde las respectivas comandancias de la Benemérita o desde las comisarias de la Policía Nacional. Tampoco lo actuado borra los errores cometidos. Son ejemplos de ello las muertes más que evitables de Miguel Ángel González y David Pérez Carracedo -los dos guardias civiles asesinados en Barbate por el piloto de una narcolancha-, la carencia de medios humanos y materiales -especialmente, de chalecos antibala- o la falta de respuesta legislativa para penalizar el petaqueo. Hay que añadir la promesa rota de hacer del Campo de Gibraltar una zona de “especial singularidad” a efectos retributivos y de promoción de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Un problema no solo policial

No descartemos que Grande-Marlaska recupere antes del final de la legislatura una figura similar al OCON Sur, aunque sea por motivaciones electoralistas, corrigiendo los errores que pudieron cometerse en su momento. Ahora bien, el narcotráfico no es un problema exclusivamente policial y si se mantiene presente de forma tan evidente y alarmante no es solo a causa de la pasividad que se atribuye al titular de Interior. Por esa regla de tres deberían estar dimitidos todos los responsables en el ámbito de la seguridad de media Europa, por situarnos en un ámbito geográfico y social comparable. Es más, los índices de criminalidad en el Campo de Gibraltar son más bajos que en otras zonas calientes.

Con más policías habría más detenidos, pero con más medios en materia de formación profesional y educativa, cultural y deportiva, entre otras áreas, habría menos delincuentes

En 2018 y gracias a la intensa labor de las plataformas antidroga, se puso sobre la mesa la necesidad de que se activen políticas públicas que aborden el problema de forma integral. Con más policías habría más detenidos, pero con más medios e inversión en materia de formación profesional y educativa, cultural y deportiva, entre otras áreas, habría menos delincuentes. Y en esos ámbitos deben implicarse de lleno todas las administraciones. En muchos barrios de nuestros municipios se ha podido perder una generación, quizá dos. Evitemos por todos los medios que sean tres.

¿Por qué no ha visitado en todos estos años el Campo de Gibraltar ninguna comisión del Congreso, del Senado o del Parlamento de Andalucía para empaparse in situ, con los pies en la tierra, sobre nuestra realidad social? Es en esas cámaras donde se aprueban los presupuestos del Estado y de la Junta de Andalucía. Por desgracia y hasta ahora, da la impresión de que a muchas de sus señorías les cuesta menos esfuerzo viajar a la otra punta del planeta para conocer la idiosincrasia de un país cualquiera que llegar hasta esta periferia peninsular. Será porque no tenemos aeropuerto ni trenes cómodos que lleguen a su hora. O porque aún carecemos de peso político.