La asociación mayoritaria de la Guardia Civil pide que el Campo de Gibraltar y todo el litoral andaluz sean Zona de Especial Singularidad

Jucil urge a Europa a actuar ante la presión delictiva en la frontera sur de España. La asociación profesional mayoritaria en la Guardia Civil ha reclamado en Algeciras la declaración del Campo de Gibraltar y de todo el litoral andaluz como Zona de Especial Singularidad (ZES), una figura que permitiría atraer y retener agentes cualificados mediante incentivos laborales y condiciones especiales, frente a la creciente presión del narcotráfico, la inmigración irregular y las agresiones a los cuerpos policiales.

La solicitud se ha producido en el marco de una visita oficial de una delegación del Parlamento Europeo que recorre esta semana varios puntos de la costa andaluza, como Barbate y Algeciras, con el objetivo de conocer de primera mano la situación de seguridad y las carencias que enfrentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En el encuentro mantenido este martes en Algeciras, Jucil —junto a representantes de Jupol e IGC— trasladó sus propuestas a los eurodiputados Juan Ignacio Zoido (PP) y Mireia Borrás (Vox). Miguel Ángel Moral, secretario de Jucil en Algeciras, fue el encargado de exponer el contenido de un informe que detalla las medidas urgentes que, a juicio de la organización, Europa debe impulsar para no abandonar a su suerte a los agentes desplegados en esta frontera sur de la Unión.

“Europa no puede mirar hacia otro lado”

La declaración de Zona de Especial Singularidad figura como la principal reivindicación. Se trata de una fórmula ya empleada en regiones especialmente conflictivas como el País Vasco o Navarra, que permite mejorar las condiciones laborales de los agentes mediante pluses económicos, ayudas al alojamiento, mejor formación, incentivos para la rotación voluntaria y avances en promoción interna. “Europa no puede mirar hacia otro lado mientras esta frontera sur es utilizada por el crimen organizado para debilitar la autoridad del Estado y poner en riesgo a sus agentes”, advirtió Miguel Ángel Moral tras la reunión. “La declaración de ZES y la consideración de los ataques a agentes como eurodelitos son pasos urgentes y necesarios”, añadió.

Jucil ha hecho hincapié en la situación de Cádiz, donde en varios destinos críticos la cobertura de efectivos no alcanza el 90% de la plantilla, una cifra que no refleja cuántos agentes están realmente operativos, ya que incluye personal en oficinas o en comisión de servicio. La consecuencia es visible: “donde antes salían cinco patrullas, ahora salen tres”, denuncia la organización.

A esta escasez de personal se suma el desgaste del parque móvil, las deficiencias en el equipamiento y la obsolescencia de las patrulleras marítimas. En zonas como el Campo de Gibraltar, clave en la lucha contra el narcotráfico internacional, estas carencias suponen un riesgo añadido para los agentes, como quedó patente en el reciente caso de Barbate, donde una narcolancha embistió mortalmente a dos guardias civiles. Uno de ellos, Miguel Ángel González, era buzo del Grupo de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Algeciras y residía en Los Barrios.

Convertir las agresiones a agentes en eurodelitos

Además de la ZES, Jucil ha insistido en la necesidad de avanzar hacia un marco legal más sólido que ampare a los cuerpos policiales. En concreto, ha respaldado la propuesta de que las agresiones a agentes de las fuerzas de seguridad sean tipificadas como eurodelitos, de modo que se consideren ataques a la autoridad del Estado y a la seguridad de la propia Unión Europea.

La visita de los europarlamentarios de este martes ha incluido también el Puerto de Algeciras y las instalaciones del GEAS de la Guardia Civil. La delegación concluirá su misión este miércoles en Sevilla, donde tiene previsto reunirse con el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y el consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Sanz.

¿Qué es JUCIL?

Jucil (Justicia para la Guardia Civil) representa a más de 15.000 agentes y es la asociación profesional más representativa del Instituto Armado. Su labor se centra en la defensa de los derechos laborales de los guardias civiles, la equiparación salarial con otros cuerpos policiales y la mejora de las condiciones de servicio, especialmente en destinos con alta presión operativa como el Campo de Gibraltar.