Freno al creciente tráfico de cocaína en las costas de Andalucía: intervenidos 2.000 kilos más que en 2024 con el Plan de Seguridad

El Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, que a pesar de su nombre afecta a las provincias andaluzas de Cádiz, Málaga, Huelva, Almería, Granada y Sevilla, ha registrado en lo que va de año un incremento de las intervenciones de cocaína en 2.000 kilos respecto a 2024, lo que confirma la relevancia que la costa andaluza ha adquirido para los grupos criminales dedicados a introducir esta droga en Europa, tal y como vienen señalando desde hace tiempo varios expertos.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha presidido este miércoles en Almería la reunión de la Mesa de Coordinación Operativa (MECO) de la cuarta edición del este plan, que a lo largo de este año y hasta noviembre ha obtenido como resultado la incautación de 268.149 kilos de droga, la detención de 4.250 personas, así como la intervención de 641 armas de fuego. Las fuerzas de seguridad también se han incautado de 755.794 litros de combustible, 979 medios de transporte, así como nueve drones. Todo eso durante la ejecución de 3.195 operaciones e investigaciones ejecutadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil en colaboración con otros países. Del total de droga incautada, 190.528 kilos son de hachís, lo que supone más del 70%, al margen del incremento de la cocaína y de las intervenciones de combustible usado para el aprovisionamiento de las embarcaciones.

Durante la presentación del balance, Pedro Fernández ha puesto el acento en el trabajo diario que desarrollan los agentes “para enfrentarse a unos grupos cada vez más dinámicos, preparados tecnológicamente y especializados, con ramificaciones internacionales”, lo que “nos exige líneas de acción estratégicas de carácter operativo, de refuerzo de medios humanos, de dotación de medios materiales y tecnológicos y medidas de coordinación de todos los operadores policiales y jurídicos, para adaptarnos a los nuevos desafíos y a las lecciones aprendidas en los más de cinco años de lucha contra este complejo fenómeno”.

Precisamente, ha explicado, “desde 2018, cuando arrancó dicho Plan, el Gobierno de España ha destinado más recursos económicos que nunca, con más de 160 millones de euros; más personal que nunca, con una cobertura de las plantillas policiales que ha crecido cerca de un 16%, con un índice de cobertura que supera el 95% y con una media de refuerzo mensual de casi 1.200 agentes en las provincias que abarca el Plan, y con una acción coordinada con otros países, porque la lucha contra el narcotráfico no entiende de fronteras”. Aquí ha mencionado el proyecto europeo de lucha contra el crimen organizado liderado por España, European Operational Team (EOT), con base en el sur de España y la coordinación y trabajo continuo con la Guardia Nacional Republicana de Portugal, que ha participado como invitada en esta Mesa de Coordinación Operativa.

Con esas premisas, el delegado ha considerado que “la cifra de resultados del Plan habla por sí sola”. En cinco años ha derivado en más de 37.400 operaciones, más de 30.000 detenidos, más 2.200 toneladas de drogas y 9.550 vehículos intervenidos, lo que "lo convierten en una herramienta eficaz en la lucha contra el narcotráfico y para hacer frente a la complejidad de las organizaciones criminales”.

Medidas sociales

Pedro Fernández ha advertido de la casuística de los grupos criminales, “que reclutan a jóvenes cada vez más violentos para escalar rápidamente en el organigrama criminal”, por lo que “la solución no depende exclusivamente de la intervención policial, sino que es fundamental eliminar la base social que la sustenta en algunos territorios y que provocan la normalización de la actividad delictiva. “Es necesario atacar las estructuras del narcotráfico de forma global y, para ello, la acción policial debe complementarse con medidas sociales que den a la población local una salida digna, que no haga atractivo el narcotráfico”. El Gobierno se desentiende de esta tarea, que considera que “es competencia de la Junta de Andalucía, que debe implicarse más y dejar la posición de perfil que mantiene hasta el momento”. “Son necesarios planes de empleo específicos, de intervención social en zonas, reforzar la educación y la formación para que los más jóvenes se alejen de los grupos criminales”, ha añadido.

Además, ha explicado, los clanes están incorporando a profesionales en diferentes sectores en el entramado criminal, como especialistas en blanqueo, informática, manejo de lanchas rápidas, lo que hace que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado “se adapten a las dinámicas de los grupos criminales con planes específicos”, entre los que se ha referido a Carteia, Funcional Seguridad Meridional, Tarteso --para combatir el narcotráfico en el entorno inmediato de los ríos Guadalquivir y Guadiana-- y Costa del Sol, “cada uno con un diseño específico para responder a dinámicas concretas del narcotráfico”, donde la cooperación internacional adquiere mayor importancia, como reflejan las dos operaciones desarrolladas en colaboración con la Guardia Nacional Republicana de Portugal, que ha participado como invitada en esta Mesa de Coordinación Operativa.

Guardia Civil y Policía Nacional

En el caso de la Guardia Civil, la colaboración y acción transfronteriza es continua con la comandancia de Huelva, especialmente centrada en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. En este contexto se ha desarrollado en noviembre el Operativo Diana en los términos municipales de Punta Umbría, Cartaya, Lepe, Ayamonte, Villanueva de los Castillejos, Villablanca, Sanlúcar del Guadiana, Palos de la Frontera y Moguer, así como en las zonas portuguesas del Algarve, que ha supuesto un importante golpe a la logística de transporte náutico de las organizaciones criminales, tanto en lo relativo a las propias embarcaciones como al aprovisionamiento de combustible y de víveres. En el marco de esta operación se han realizado más de 200 controles de embarcaciones, identificando a más de 900 personas y 400 embarcaciones, con el resultado de 14 detenidos, más de 1.500 kilos de hachís incautados, 36 embarcaciones (9 de alta velocidad), 13 vehículos y 36.800 litros de combustible.

En colaboración con la Policía Nacional, la Operación Pollo, desarrollada a finales de septiembre en Jerez de la Frontera, en el marco del Plan Tarteso, ha supuestos el desmantelamiento de una guardería de droga (almacén de droga para su posterior distribución), a la que llegaba la carga en lanchas neumáticas desde la desembocadura del río Guadalete. Se ha detenido a dos personas, incautados 3.800 kilos de droga y 2 armas largas (AK47).

Agresiones a agentes

En cuanto a los enfrentamientos con agentes, Pedro Fernández ha asegurado que “no se ha constatado un aumento en el número de agresiones a los agentes desde enero a noviembre”. “En 2018, en el inicio del plan, hubo 10 incidentes, este año 8”, ha afirmado el delegado, por lo que “estamos en el segundo año con menor número de incidentes violentos contra la Policía Nacional”.

De cara al futuro, ha garantizado que “el trabajo de todos los implicados en este Plan, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pasando por los funcionarios de otras administraciones, como el Ministerio de Hacienda, está en constante análisis y evolución para dar la mejor respuesta en cada momento”, de ahí que el Ministerio del Interior ya tenga prevista la aprobación del V Plan, que comprenderá hasta diciembre de 2027 y que seguirá reforzando la seguridad y capacitación de los agentes y la capacidad de disuasión y prevención marítima, trabajará para actualizar y modernizar las capacidades tecnológicas y la formación de los agentes en el uso de nuevos materiales y medios tecnológicos, aumentará las capacidades en inteligencia, al tiempo que fortalecerá la investigación criminal y, en particular, la de blanqueo de capitales”.