Los ayuntamientos del Campo de Gibraltar dejarán de ingresar algo más de 9 millones de euros al año en su conjunto después de que el Pleno del Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucionales y nulos una serie de artículos de la ley de Haciendas Locales usados para calcular el impuesto de plusvalía municipal. El TC ha anulado el método objetivo para calcular la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -más conocido como plusvalía municipal- que determina que siempre haya existido un aumento en su valor, con independencia de que haya sido así y de la cuantía real de dicho incremento.

Este impuesto se encuentra entre los cinco o seis que más ingresos generan a los ayuntamientos. En la comarca, San Roque tenía previsto en sus presupuestos de 2021 4.487.116 euros de ingresos por este concepto, la mayor cantidad de la comarca. En Algeciras y Tarifa la cifra ronda los 2 millones de euros, mientras que en Los Barrios está en 619.000 euros. La Línea tenía previstos en 2020 unos ingresos de 403.000 euros por este impuesto, mientras que Jimena los estimaba en 224.798 euros y Castellar, en 50.000. 

Ante este recorte de ingresos, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha exigido al Gobierno central una solución legal para compensar a los ayuntamientos en forma de fondo de compensación. 

"Necesitamos una solución legal urgente que nos ofrezca certidumbre a los ayuntamientos. Hemos afrontado solos la pandemia, a nuestra deriva, hemos devuelto impuestos por valor de medio millón de euros, hemos suprimido el impuesto de mesas y sillas durante el segundo semestre de 2021, hemos anunciado y resuelto ayudas directas por valor de 300.000 euros a los afectados por el cierre durante la pandemia, entre otras medidas, pero además hemos congelado tasas e impuestos municipales para el año 2022 sin recibir ni un solo euro del Gobierno central y ahora llega la inacción con la plusvalía", afirma el regidor.

La concejal de Hacienda, María Solanes, ha afirmado: "Los ayuntamientos no podemos aprobar un presupuesto para 2022 en estas circunstancias. Hace tres años el Gobierno de Mariano Rajoy ya dejó en tramitación parlamentaria un proyecto de ley que afectaba a este impuesto de plusvalías y que pretendía dar seguridad jurídica en la gestión de ese tributo. En el departamento de Gestión Tributaria del Ayuntamiento hemos estado trabajando estos tres años haciéndonos eco y adaptándonos a sentencias y no con normas", ha explicado la edil. 

"El Gobierno durante tres años no ha hecho nada y ahora, el Constitucional acaba de declarar nulo el impuesto, lo que supone un impacto directo sobre el Ayuntamiento de Algeciras de aproximadamente 3 millones de euros", indica la edil.

La concejal afirma que el Ayuntamiento ha venido adoptando medidas durante los últimos años para minimizar el impacto de esta decisión, como la reducción de la plusvalía en un 25% en 2013; en 2015 y 2016 fueron actualizados a la baja los valores catastrales en casi un 40%, y en 2018 se realizaron incorporaciones mortis causa, con hasta un 90% de bonificación en este impuesto, por lo que los responsables municipales estiman que desde 2011 hasta 2021 el pago se ha visto reducido en un 56%.

Landaluce y Solanes exigen una solución legal al Gobierno de Pedro Sánchez, que permita tener certidumbre sobre lo que va a ocurrir a partir de ahora con el impuesto de plusvalía, al tiempo que el primer edil reclama también al Ejecutivo un fondo de compensación que permita recuperar “los ingresos que vamos a dejar de percibir porque el Gobierno tenía que haber dado una respuesta y no ha aprobado en estos tres años la ley que llevó el PP al Parlamento".