El TSJA revoca otra sentencia de lo Social sobre la amortización de plazas

La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado otra sentencia favorable a un extrabajador municipal que dejó de ejercer para el Ayuntamiento de Los Barrios como consecuencia de la amortización de plazas, en febrero de 2012.

El alto tribunal andaluz ha emitido la segunda sentencia que resuelve otro recurso del Ayuntamiento de Los Barrios contra lo dispuesto por el Juzgado de lo Social Único de Algeciras, que declaró en varias tandas todos los despidos como nulos (109 sobre un total de 115 afectados, ya que no todos denunciaron por lo Social).

En este caso, el fallo notificado ayer a las partes y al que ha tenido acceso Europa Sur, se refiere a un extrabajador municipal (peón de obras) que obtuvo fallo favorable en primera instancia en septiembre de 2012 y que ahora, según el criterio del TSJA, queda revocado. También absuelve al Ayuntamiento de la obligación de reincorporarle en su antiguo puesto de trabajo y del pago de los salarios de tramitación. Contra ésta cabe recurso de Casación ante el Tribunal Supremo.

Con ligeros matices en su estructura, la segunda sentencia del TSJA viene a decir lo mismo que la notificada en enero: que la entidad demandada -el Ayuntamiento- no estaba obligada a proceder a un despido objetivo o colectivo, "pues dada la naturaleza del vínculo contractual, indefinido no fijo, la amortización de la plaza es suficiente para producir el cese".

También se apoya en la unificación de doctrina del Tribunal Supremo que revocó la primera de las sentencias y, además, expresa que el TSJA ya se ha pronunciado en un primer caso barreño conforme a esos criterios.

El alcalde barreño, Jorge Romero (PA), valoró el fallo a través de un comunicado en el que destacó que la Justicia confirma que la decisión de amortizar plazas de la entidad local fue correcta. "Tras encontrarnos la situación heredada tan desastrosa, esos 220 millones de euros de deuda, el Ayuntamiento más endeudado de España en relación habitante-deuda y las carencias de buenos servicios públicos, obligó a este equipo de gobierno en octubre de 2011 a plantear un ERE y abrir unas negociaciones para llegar a un acuerdo y un finiquito. Esto no tuvo efecto por la oposición de las centrales sindicales y tampoco la Junta autorizó el ERE", dijo.