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El SAT moviliza a Gordillo y hará una marcha de protesta el día 26

El sindicato asegura que ya se ha prejubilado a 10 trabajadores y pide que la Junta vaya a la protesta

Una pintada contra la venta de La Almoraima en la barrera de protección de la A-405, ayer por la mañana.
A. R. Castellar

10 de enero 2014 - 01:00

El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) volverá a movilizarse contra el proceso de venta de la finca estatal La Almoraima y traerá hasta Castellar de la Frontera a sus dos máximos representantes, Juan Manuel Sánchez Gordillo y Diego Cañamero, a una marcha prevista para el próximo domingo 26 de enero. La central sindical anunció ayer que la marcha partirá a mediodía de los alrededores de la finca y discurrirá durante 4 kilómetros por la carretera A-405 hasta llegar a la cancela de entrada más cercana al edificio administrativo de la finca.

Ese mismo día, ya por la tarde, el SAT celebrará en Castellar una asamblea general y un acto público en el que también está prevista la intervención de Cañamero junto con otros ponentes. "Es una vergüenza y un despropósito la política especulativa del gobierno del PP y de los señoritos Cañete y Ugalde, que quieren vender las tierras del pueblo de Castellar y dejar a la gente pasando hambre y pidiendo a Cáritas", dijeron.

El SAT ya realizó acciones de protesta contra la venta del latifundio, como una concentración a las puertas de la finca el 8 de enero del pasado año. En aquella cita estaba prevista la presencia de Gordillo, si bien a última hora no pudo desplazarse, por lo que la marcha del día 26 supondrá su primera visita a la comarca en relación a este asunto.

Así mismo, aseguraron que la plantilla actual de la finca asciende a sólo 40 personas, porque diez han sido prejubiladas. "Cañete miente, porque afirmó que la venta no afectaría a la plantilla y ya se ha despedido o prejubilado a diez trabajadores", criticaron desde la central, que también conminó al gobierno de la Junta de Andalucía y a la consejera de Medio Ambiente a participar en los actos y criticaron que PSOE e IU no tomen las medidas políticas, económicas y jurídicas para evitar la venta.

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