El PSOE pide datos del contrato en Urtasa del ex delegado de Bolonia

Los tres partidos políticos de la oposición municipal en Tarifa -PSOE, IU y PA- reclamaron ayer públicamente al gobierno local del PP información sobre la relación laboral del ex delegado del alcalde en Bolonia, Juan Pérez Carrasco, con la empresa municipal Urtasa y el cobro, a la vez, de una indemnización por dicho cargo político que mantuvo entre 2011 y junio de este año.

Un hecho que, aunque amparado por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, supuso a efectos prácticos la equiparación de las retribuciones de Pérez con las de un edil de la Corporación con dedicación exclusiva (unos 26.000 euros brutos al año). Pérez fue designado representante municipal en Bolonia a principios del pasado periodo corporativo (en 2011) con una retribución bruta anual de 7.200 euros en concepto de indemnización y posteriormente fue contratado por la empresa municipal Urtasa por unos 1.200 euros netos mensuales; primero de forma temporal y desde hace algo más de un año como oficial de primera, como desveló Europa Sur.

Ante esto, el Partido Socialista registró ayer una solicitud de información sobre todas las relaciones laborales mantenidas por Juan Pérez Carrasco con la empresa municipal y sus funciones. "Queremos comprobar que, efectivamente, Juan Pérez Carrasco ejerció su trabajo en Urtasa. Y, sobre todo, las motivaciones para elegir a Pérez Carrasco sobre otras personas", apuntó el portavoz socialista, Francisco Ruiz.

Para el socialista, aunque sea legal el cobro de la indemnización junto con un salario de la empresa municipal, supone "un insulto y una falta de respeto a quienes están en paro", subrayó el también secretario local.

El PSOE dijo que pondrá la información en manos de su gabinete jurídico por si el contrato tuvo vicios de enchufismo. "Como mínimo es un enchufe en Urtasa, que se ha convertido en la tapadera del alcalde, Juan Andrés Gil", apuntó Ruiz, quien destacó que no es el primer caso de contratos con connotaciones políticas que se detecta bajo el mandato de Juan Andrés Gil, en referencia a la contratación de los hijos de dos concejales que este partido ya llevó ante los tribunales.

El Partido Andalucista, por su parte, ya reclamó estos datos en junio, según aseguró su portavoz, Sebastián Galindo, estando aún a la espera de que se los entreguen. "Ya entonces teníamos sospechas sobre esta situación en Urtasa, que ahora se confirma. Nosotros pedimos todos los contratos realizados en Urtasa entre los años 2012 a 2015. No es el hecho del contrato en sí, son las funciones. Juan Pérez Carrasco no ha visto un palaustre en su vida como para que esté contratado como oficial de primera. Distinto es el hecho de que ahora esté de baja -desde hace un año, por accidente- pero que fuera contratado en una empresa pública para unas funciones que no se ajustan a su perfil. Sé que es mago y cantante, pero desconocía que tuviera dotes de construcción", subrayó Galindo.

El andalucista apuntó que ya en su momento interpeló personalmente al ex delegado del alcalde. "Y me contestó que tenía derecho a buscarse la vida. Pero no sólo él; todo el mundo", agregó el portavoz del PA.

Por su parte, Izquierda Unida también censuró la existencia del contrato de trabajo favorable al cargo político. "Se suma a la amplia batería de situaciones desagradables de la gestión del gobierno del PP. Todos los problemas del PP vienen por salarios y retribuciones", reflexionó Ezequiel Andréu, portavoz de la federación. IU pedirá un informe sobre los trabajos desempeñados por el ex representante municipal en la empresa mientras estuvo de alta. "Si fue contratado, algún fruto daría su trabajo. Queremos comprobarlo. Porque puede ser legal tener la indemnización por el cargo político y ser contratado por una empresa municipal, pero no nos parece correcto. Si es legal, nos quejaremos allá donde sea. Si no es legal, iremos a los tribunales", avanzó Andréu.

El portavoz de IU dijo tener claro cómo funciona la ley de compatibilidades "porque yo mismo dejé de estar en una empresa privada para asumir un cargo público, aún siendo compatible y legal, porque entendía que debía tener sólo un sueldo. Lo contrario no es trabajar en función del interés de los ciudadanos, es aprovecharse".