Manella acepta una condena a dos años de inhabilitación por prevaricación urbanística

El exalcalde de Tarifa Miguel Manella (PSOE) ha sido condenado a dos años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público y a una multa de 600 euros como consecuencia de un delito de prevaricación urbanística. La sentencia ha sido dictada tras una conformidad judicial previa a juicio, por lo que es firme y no cabe recurso. La vista en la que se alcanzó el acuerdo se celebró el pasado miércoles en el juzgado de lo Penal número 3 de Algeciras.

El delito reconocido por el primer edil -al aceptar la conformidad- consistió en la concesión de una licencia (en 2009) para la instalación de una pérgola de madera en el hotel La Torre, erigido en zona no urbanizable. Otros tres miembros del anterior gobierno -Juana Garrido y Jesús Mota, del PSOE, así como Javier Mohedano, de IU- han recibido la misma condena, igualmente por conformidad previa a juicio. Los cuatro formaban parte de la comisión municipal de gobierno que dio el permiso a la instalación.

Frente a la sentencia finalmente emitida, la petición inicial de la fiscalía era de diez años de inhabilitación y dos de prisión para cada uno de los imputados. "Por eso hemos preferido acogernos al acuerdo de conformidad. No arriesgarnos a ir a juicio cuando había posibilidad de condena a prisión", subrayó Manella en declaraciones a este periódico.

El anterior regidor tarifeño, no obstante, calificó el proceso como una barbaridad ya que se trataba de una instalación no fija ni consolidable y de un tamaño modesto. "Cierto es que estaba en suelo no urbanizable, como casi todo lo que se levanta en la línea de costa. El hotel llevaba abierto desde el año 2003 y no se nos puede achacar falta de diligencia porque, precisamente a esa instalación, se le ordenó el derribo de cinco apartamentos a través del departamento de disciplina urbanística", comentó Manella.

No obstante, se trata de la segunda condena que inhabilita a Manella para el desempeño de cargos públicos. A finales del pasado año fue condenado a siete años de prisión por no ejecutar un expediente de disciplina urbanística relativo a una infravivienda en suelo rústico habitada por un matrimonio de ancianos. "Este caso es un escuajo -tontería- como lo de los ancianitos. En todo caso, el resultado es positivo porque no hemos llegado a juicio", destacó el anterior primer edil.