La Mancomunidad afronta el pago de 5,5 millones por el nuevo impuesto sobre el reciclaje

División en el seno del gobierno de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar al respecto del nuevo impuesto sobre el reciclaje, que gravará los residuos que no puedan ser tratados y que tendrá un impacto en la comarca que se estima en torno a los 5,5 millones de euros.

El PSOE y La Línea 100x100, partidos que forman la coalición del gobierno mancomunado, apuestan por diferentes alternativas respecto al pago del nuevo impuesto, que se refiere al depósito de residuos en vertederos. Es la empresa pública Arcgisa la que deberá hacer frente al mismo al entregar los residuos al vertedero que gestiona Urbaser en Los Barrios.

De acuerdo a las estimaciones realizadas por la empresa de residuos de la comarca en un informe, el coste del tratamiento de estos residuos no reciclados ascendería a 5,57 millones de euros por más de 185.660 toneladas, a razón de 30 euros por tonelada, según se estipula en la ley aprobada en 2022 por el Gobierno central.

Desde el lado socialista apuntan a que Arcgisa debe asumir el sobrecoste para la empresa, es decir, que sean los ayuntamientos los que lo afronten. Sin embargo el de La Línea ha expresado que no tiene capacidad para ello, por lo que tendrían que ser los vecinos quienes hagan frente al pago con un recibo adicional estimado de media en unos 22 euros por vivienda.

Ante la falta de acuerdo, se ha decidido posponer el debate unos meses a expensas de que la Junta de Andalucía se pronuncie y de unas directrices a los ayuntamientos sobre cómo se debe tratar el cobro.

Indicaciones de Europa

El nuevo impuesto sobre los residuos no reciclados llega a raíz de una directiva de la Unión Europea que se ha traducido en la Ley 32/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular por la que se gravan los depósitos de basura en los vertederos según su origen y tipología. En el caso del Campo de Gibraltar, la tasa es de 30 euros por tonelada al tratarse de restos procedentes de una planta de reciclaje, es decir, residuos que no se reciclan.

Aunque queda establecido que será la Junta de Andalucía quien aplique en el territorio autonómico el cumplimiento de la nueva ley, esta recoge una disposición transitoria para que la Agencia Tributaria gestione provisionalmente este ámbito hasta que el gobierno andaluz gestione su norma aplicada.

La norma entró en vigor el 1 de enero de 2023 y dispone que se trata de un tributo indirecto que recae sobre el contribuyente. Así, tal y como recoge un informe de Arcgisa al que ha tenido acceso Europa Sur, es la empresa la responsable del pago "a Urbaser del impuesto, ya que como Sociedad instrumental de la Mancomunidad recauda e ingresa las tarifas por la prestación del servicio de tratamiento de residuos y cubre con ello los costes de la prestación del servicio, incluido el pago al Concesionario".