Interior recuerda que se opuso al tercer grado para Sito Miñanco

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, recordó ayer que la Junta de Tratamiento de la prisión algecireña de Botafuegos se opuso a la concesión del tercer grado al narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, quien fue detenido esta semana en la ciudad acusado de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó ayer a mediodía su ingreso en prisión sin fianza tras tomarle declaración.

Sito Miñanco fue arrestado el lunes a su salida del Centro de Inserción social de Algeciras, donde acudía a dormir gracias al régimen de semilibertad del que disfrutaba y que le permitía trabajar en un aparcamiento de la localidad. Pero también seguir con sus actividades delictivas al dirigir, según la Policía, una red de tráfico de cocaína y blanqueo de capitales que logró armar en apenas un año. Miñanco obtuvo el tercer grado en abril de 2015 y la investigación de la Operación Mito comenzó en 2016.

El número dos del Ministerio del Interior resaltó que el ejemplo de Sito Miñanco es "especialmente doloroso", ya que la Junta de Tratamiento de la cárcel, Instituciones Penitenciarias y la Fiscalía se opusieron al tercer grado. La Audiencia Nacional se lo concedió finalmente, por lo que instó a que las reflexiones sobre la pertinencia de otorgar este régimen "deben dirigirse a quien corresponda". "No siempre tenemos la culpa los mismos", enfatizó Nieto, quien no obstante recomendó ser prudente y prevenido a la hora de conceder esos beneficios penitenciarios.

En la sede de la Audiencia Nacional, en Madrid, la magistrada decretó ayer el ingreso en prisión sin fianza para Miñanco y otros 20 integrantes de la trama recién desarticulada.

La juez dejó en libertad a otros nueve arrestados con medidas cautelares, según informaron fuentes de la Audiencia Nacional, que indicaron que se les imputan los delitos de tráfico de drogas, blanqueo y pertenencia a organización criminal de extrema gravedad.

Las detenciones se produjeron, además de en la provincia de Cádiz, en Madrid, Galicia y Málaga. En Algeciras, además de la vivienda alquilada por Miñanco en la Colonia San Miguel, se efectuaron otros cinco registros. En la operación resultaron heridos de bala un GEO y un presunto narco en una de las ramificaciones del despliegue desarrollado en Madrid.

Entre las 21 personas que han ingresado en prisión sin fianza hay tres mujeres, así como David Pérez Lago, hijastro de otro histórico capo del narcotráfico gallego, Laureano Oubiña, y el considerado lugarteniente de Miñanco, Enrique García Arango.

INVESTIGACIÓN

Los investigadores sospechan que la banda se dedicaba a introducir cocaína en España y a blanquear dinero. Se le responsabiliza de tres alijos que suman en total casi 4,5 toneladas de cocaína y 63 kilos de marihuana, aprehendidos en otras tantas operaciones contra el narcotráfico desarrolladas en distintos países en 2017. Entre estos alijos se encuentra el del buque Thoran, que fue interceptado en alta mar e inspeccionado en el Puerto de Cádiz, donde se encontraron 3.800 kilogramos de cocaína de gran pureza, valoradas en más de 120 millones de euros.

La banda tenía presuntamente contactos con miembros de los cuerpos de Seguridad del Estado, que habrían facilitado información ante posibles actuaciones sobre su persona o sobre la organización.

La Policía constató el transporte por parte de Miñanco de al menos 2,9 millones de euros procedentes del narcotráfico que llevaba ocultos en un doble fondo de un Saab 93 y que tuvieron lugar entre noviembre de 2017 y este mes de enero.

Además de estas cantidades, en febrero de 2017 fueron interceptados en el aeropuerto de Madrid-Barajas 889.470 euros que llevaban miembros de la organización ocultos en dobles fondos de mochilas cuando se disponían a viajar a Bogotá (Colombia).

De lo investigado se deduce además que Sito Miñanco podía tener acceso a armas, y de una de las conversaciones intervenidas se desprende que el hijastro de Oubiña le pidió que le consiguiera un revólver a través de otro de los investigados, Manuel González. Los alijos se transportaban desde los barcos nodriza en alta mar a un lugar próximo a la costa de Galicia para que a su vez fuera trasvasada a otra embarcación (por ejemplo, de tipo pesquero) que llamara menos la atención y ser descargada sin levantar sospechas.

Para blanquear el dinero, los investigados se servían de la facturación falsa de dos concesionarios de vehículos.