Campo de Gibraltar

Interior comienza a destruir narcolanchas almacenadas en el Puerto de Algeciras

  • Las embarcaciones se están llevando a un desguace para su posterior eliminación

  • Los concursos para su traslado y depósito definitivos aún tienen que ser resueltos

Una grúa mueve embarcaciones en el Puerto de Algeciras, este martes Una grúa mueve embarcaciones en el Puerto de Algeciras, este martes

Una grúa mueve embarcaciones en el Puerto de Algeciras, este martes / Erasmo Fenoy

El almacén improvisado de narcolanchas y otro tipo de embarcaciones en el que se han convertido las instalaciones de en la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera en el Puerto de Algeciras se está reduciendo poco a poco. Algunas de las que llevaban meses amontonadas en las instalaciones están siendo extraídas y trasladadas a un desguace para su destrucción, un método impulsado por el Ministerio del Interior para evitar que puedan ser reutilizadas y así "ir eliminando medios de introducción de droga en las playas del Sur de la Península", según destacó en el concurso realizado el pasado año para ello.

En la mañana de este martes una grúa se afanaba en mover algunas de las embarcaciones incautadas, de todo tipo, para alcanzar aquellas que serán eliminadas. En las instalaciones portuarias de ambos cuerpos de seguridad se almacenan unas 200 naves intervenidas ante la falta de un depósito judicial al que trasladarlas mientras se decide su futuro. Cada vez que se interviene una se presenta al juzgado una solicitud de destrucción de la embarcación y es este quien la tiene que autorizar, un proceso que es lento por las propias características de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, más en unos juzgados saturados. 

En el caso de las embarcaciones que están saliendo estos días esa autorización judicial ya ha llegado, por lo que van siendo trasladadas a un desguace. Pero el problema de fondo persiste a la espera de que tanto Interior como la Junta de Andalucía culminen los procedimientos abiertos para cerrar un sistema permanente de recogida, traslado, depósito y destrucción de las narcolanchas.

Interior declaró en octubre de 2018 las narcolanchas como género prohibido, una antigua reivindicación policial. Esta calificación afectaba a semirrígidas y neumáticas (salvo las expresamente autorizadas), pero también a embarcaciones de todo tipo “cuando se acredite la existencia de elementos o indicios racionales que pongan de manifiesto la intención de utilizarlas para cometer o para facilitar la comisión de un acto de contrabando”.

Un año después sacó a concurso la retirada y eliminación de las neumáticas y semirrígidas de alta velocidad en cuatro lotes: dos para la recogida y traslado desde el lugar de incautación hasta el depósito en el que esperar la resolución que le corresponda, en la zona de Algeciras (lote 1) y la de Cádiz (2). Y otros dos para la destrucción de la embarcación, incluido su traslado desde el lugar donde se encuentre depositada, también para cada una de las zonas (lotes 3 y 4). Solo fue adjudicado el lote 3, a la empresa Desguace de Embarcaciones Málaga por 38.500 euros. 

El mes pasado, Interior volvió a convocar el concurso para la recogida y traslado de embarcaciones. En paralelo, la Junta de Andalucía tiene abierta la licitación del contrato para poner el marcha el depósito judicial del Campo de Gibraltar que, como novedad, incluye la recepción de las llamadas narcolanchas, tras haber llegado a un acuerdo con la Agencia Tributaria para incluir este tipo de embarcaciones. El presupuesto es de casi un millón de euros durante tres años, prorrogables. El concurso había quedado desierto en ocasiones anteriores.

El pliego de condiciones detalla que el adjudicatario deberá prestar los servicios de recogida, transporte, depósito, custodia y entrega o destrucción en su caso, de los tipos de vehículos y determinado tipos de embarcaciones considerados efectos judiciales y vinculados a expedientes tramitados por los órganos judiciales pertenecientes a los partidos judiciales de Algeciras, La Línea de la Concepción y San Roque, durante el tiempo que estipule la autoridad judicial. El plazo

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