Imputan al general que vendió la casa y la enfermería de la Estación Naval

El general de brigada en la reserva Juan Antonio Miguélez Paz, máximo responsable de las enajenaciones de terrenos e inmuebles del Ministerio de Defensa con el Gobierno del PP, ha sido imputado por un juzgado de Madrid por los presuntos delitos de prevaricación y fraude, según informó ayer el diario El País.

Tanto Miguélez, ex director de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa, como el teniente coronel José Luis Bastabad, jefe de Gestión Patrimonial del mismo organismo, comparecieron ante el juzgado de instrucción de Madrid para declarar, en calidad de imputados, por una denuncia de la Fiscalía.

La denuncia se refiere a la venta, en el año 2000, de la vivienda del jefe de la Estación Naval de Tarifa y de la enfermería de la misma dependencia, por un importe de 180.662 y 137.094 euros, respectivamente.

Ambos inmuebles se enajenaron por venta directa, después de que se declarasen desiertas sus subastas. El problema, destacó El País, deriva de que las características que figuraban en los anuncios de las subastas no coincidían con el Registro de la Propiedad, lo que explica que no acudiese ningún licitador. Finalmente, el inmueble se adjudicó por venta directa a un particular, quien la adquirió por el precio de salida de la segunda subasta, que era un 15% inferior al importe de la tasación.

Hace más de una década que la Estación Naval quedó desmantelada. Sin embargo, el edificio de la que fuera Casa del Comandante y la enfermería, han permanecido durante años. La Casa del Comandante fue durante más de seis décadas la vivienda en la que se alojaba el máximo responsable de la Estación Naval. Cuando se desmanteló la base militar, la casa fue vendida -motivo de la imputación de los militares- y sus nuevos propietarios montaron un restaurante y apartamentos que se denominó La Casa del Comandante que durante años fue explotada hasta su cierre y posterior venta. En la actualidad se ha derribado el antiguo edificio y aún permanecen los escombros en el lugar.

En el año 2000 un empresario tarifeño lo compró y espera ahora la aprobación del nuevo PGOU para construir, ya que el suelo está destinado en la actualidad a equipamientos. El empresario asegura que accedió a la compra del inmueble de dos plantas y de unos 300 metros cuadrados levantado sobre una parcela de 680 metros cuadrados totales y de similares características arquitectónicas al edificio de la Casa del Comandante -a escasos 20 metros- después de que quedase desierta la segunda subasta, "al igual que pudo hacer cualquier persona que estuviera al tanto de la venta del inmueble". Puesto en contacto con responsables militares entre los que no reconoce a los militares imputados, se desplazó hasta Madrid para realizar un depósito del 20% del valor total.

El propietario también aseguró a Europa Sur que debió de esperar unos cinco meses para concretar la compra ya que a pesar de que en el anuncio de la venta se señalaba la parcela y el edificio, lo cierto era que "los militares no habían escriturado el edificio y en las escrituras sólo aparecía el solar. Cuando la compré fue cuando se procedió a escriturar el edificio", subrayó el dueño que apuntó que al cabo de los meses un coronel de Ceuta se desplazó hasta Tarifa para formalizar ante notario la venta.

El empresario señala que durante la operación de compraventa, no apreció irregularidad alguna y que la adquirió aproximadamente por 138.000 euros.