Día Mundial sin Drogas en Algeciras Porros, apuestas y sexo inseguro

  • La Coordinadora Alternativas alerta de la precocidad en el consumo de cannabis, con casos a los 11 años, y la adicción al móvil

  • Preocupa el fácil acceso a la pornografía con los 'smartphones'

Una persona se prepara un cigarrillo con marihuana. Una persona se prepara un cigarrillo con marihuana.

Una persona se prepara un cigarrillo con marihuana.

La precocidad está instalada en el consumo de drogas. Los adolescentes fuman su primer porro a los 14 años de media y esnifan la primera raya de cocaína sobre los 20. Pero ya hay casos de adictos al cannabis con 11 años y nada hace indicar que el rumbo vaya a virar a mejor porque el hachís comienza a ser tolerado en los estratos sociales. Y de ahí a la normalización solo hay un paso.

Así lo explica Francisco Mena, presidente de la Coordinadora de lucha contra las drogas Alternativas tras la celebración, el pasado miércoles, del Día Mundial sin Drogas. Los colectivos sociales y los campogibraltareños exigen a las administraciones que actúen no solo desde el punto de vista de la represión; también desde la inversión y la educación para “brindar un futuro adecuado a los jóvenes” lejos del consumo y de la tentación del dinero fácil del narcotráfico.

Para los colectivos sociales, el auge del cannabis se ha producido a la par que ha quedado desmantelado el sistema público de prevención, engullido por la crisis. Según Mena, la Junta de Andalucía ha recortado en un 60% sus partidas de prevención desde el inicio de la crisis. “El perfil del consumidor joven de cannabis hace años que dejó de estar vinculado a la marginalidad, familias desestructuradas y entornos rebeldes. Se ha normalizado y es un grave error”, explica Mena. La percepción del riesgo del cannabis es “baja” de forma que las drogas ya no aparecen como un problema social en las encuestas sociológicas.

“Pero ya comienzan a registrarse casos de enfermedades mentales asociadas al consumo. Las llamadas patologías duales como los brotes piscóticos, transtornos de bipolaridad y paranoias”, lamenta el presidente de Alternativas.

El problema se produce en todo el país pero tiene un matiz potenciador en el Campo de Gibraltar. La cercanía con Marruecos, principal productor de hachís del mundo, supone una mayor facilidad en el acceso a esta droga a un precio sensiblemente menor que más adentrada en la Península y, consecuentemente, más pura.

Francisco Mena: "Ya comienzan los casos de enfermedades mentales asociadas al consumo en los jóvenes"

La dependencia de las drogas no es la única preocupación que se cierne sobre el movimiento asociativo. Los smartphones se han convertido en los últimos años en una ventana a nuevas formas de adicción que también requieren tratamiento. “Observamos casos de juego patológico entre los jóvenes. Apuestas online a través del móvil para un perfil que ya de por sí es vulnerable. O en las casas de apuestas. En casos muy graves, actuamos como con las drogas, derivando al paciente a una comunidad terapéutica o a programas específicos de intervención”, detalla.

Y el sexo. La pornografía es casi tan antigua como el cine. Pero hoy está al alcance de la mano de los menores y con plena discreción sobre el posible control paterno. “Genera un concepto de sexualidad desvirtuado. Un mundo irreal que hace que se lancen a sus primeros contactos sexuales con prácticas de riesgo”, apostilla Mena.

Lucha contra el narco

“Hay una diferencia abismal en la lucha contra el narcotráfico antes y después de la reunión con el ministro Grande-Marlaska”, asegura Francisco Mena. Alternativas despachó en junio de 2018 con recién estrenado titular de Interior para alertar de la necesidad de hacer frente con más medios a las mafias del tráfico de drogas. “Los 3.000 detenidos que se han producido en el último año son la prueba de que se está cumpliendo la ruta de trabajo de Interior”, valora el presidente de Alternativas.

Una vez puesto en marcha el decreto de prohibición de las narcolanchas, el movimiento asociativo reclama a la Junta que adjudique un nuevo depósito judicial y al Gobierno central que ponga en marcha la destrucción de estos bienes decomisados.

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