La entrevista se produce una hora más tarde sobre la hora fijada porque la reunión con las ONG del Campo de Gibraltar que se ocupan de las víctimas de la droga y que trabajan por la prevención de las adicciones se ha prolongado más allá de lo previsto. Es martes y la sentencia condenatoria contra los responsables del Procés ha generado las primeras protestas.–¿Qué sensaciones se lleva de su reunión con las ONG?–Desconocía que tuvieran tanta presencia en los barrios, que conociesen la realidad con tanta cercanía. Me llevo una impresión muy agradable: no solo atienden una serie de necesidades, sino que tienen hecho un trabajo de campo bien documentado. Son organizaciones relacionadas con la atención a las personas afectadas por la droga, pero hacen mucho más. Les hemos concedido la Medalla de Plata del Plan Nacional sobre Drogas, una nimiedad teniendo en cuenta la importancia del trabajo que desarrollan, pero queremos reconocer de alguna forma su compromiso social y ponerlo en la agenda pública.–Paco Mena, coordinador de la Coordinadora Alternativas, le ha pedido que las ONG locales tengan acceso a las convocatorias de ayudas estatales del Plan Nacional sobre Drogas porque la mano de estas asociaciones es la que llega siempre al último rincón.–Este es un tema competencial sobre el que ha habido varias sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional indicando que el Estado no puede otorgar esas subvenciones ni gestionarlas de forma directa, sino que debe hacerlo a través de las comunidades autónomas. En el ámbito estatal, las ayudas van dirigidas a las ONG de ámbito estatal sin carácter asistencial, sino a las que hacen informes y llevan a cabo acciones sociales no directas.–¿Tampoco pueden participar en el reparto de los decomisos que se realizan a las organizaciones de narcotraficantes?–Estamos en las mismas. Es una cuestión de interpretación del Tribunal Constitucional (TC) sobre las competencias de cada administración. Hasta hace unos tres años se venía sorteando este asunto, pero tras algunos tiras y afloja, el TC ha decidido que es competencia autonómica.–El primer Consejo de Ministros del hoy Gobierno en funciones aprobó en noviembre del año pasado un plan especial de actuaciones para el Campo de Gibraltar por valor de 900 millones de euros. Esto llevó consigo un aumento considerable de los medios materiales y humanos en materia de seguridad con resultados muy notables, pero se echan en falta medidas en el campo social y de la formación.–El plan va mucho más allá de la mejora de la situación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de perseguir el narcotráfico, parcela en la que ha habido muchos éxitos con casi 5.000 detenciones, el doble de droga incautada y mejoras en la coordinación judicial. Pero la acción no se limitó solo a perseguir el narcotráfico, sino que alcanzan a todas las políticas que desde el Estado se pueden implementar, además de procurar acuerdos con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de la comarca. Hemos procurado y procuramos la dinamización económica de la zona y cambiar también la imagen que se tiene de ella, que es estratégica geográficamente y que no puede estar monopolizada por el narcotráfico.

"Hacen falta hechos. Si Torra, Torrent o quien sea quiebra el marco constitucional, se actuará”

–No todo es narcotráfico.–A eso voy. Tenemos quizá el puerto más importante de España en tráfico de mercancías.–Sin quizá. Y también es el primero en tráfico de pasajeros.–Y también de pasajeros. Es un activo económico que hay que aprovechar. El puerto no puede quedar aquí acantonado, tener esos cuellos de botella en las grandes conexiones con Europa. Esa es la parte más importante del plan de actuaciones del Gobierno, con más de 800 millones. ¿El problema? No tenemos aprobados los Presupuestos Generales del Estado de 2019, que preveían ya la primera de anualidades de esa cifra, en torno a 300 millones de euros. Y aún así, con las partidas disponibles, hemos invertido 46 millones en el Puerto, más de 30 en el tren y unos 12 en carreteras. Todo eso hay que complementarlo con políticas activas de empleo, de formación y educación, teniendo en cuenta que gran parte de esas competencias son de la Junta de Andalucía.–A la vista de lo descrito, ¿no tiene la sensación de que las administraciones tienen una deuda histórica con el Campo de Gibraltar?–No sé cómo decirlo, pero por las circunstancias que sea, esta zona ha caído en una especie de monotema, que es el narcotráfico. A lo mejor, de haber habido formación, otras alternativas, muchas personas no hubieran caído en ese mundo de tan fácil acceso en el que se maneja tanto dinero.

–Uno de los lastres que arrastra la comarca es el de las infraestructuras. No sé si sabe que el proyecto de mejora del tramo Algeciras-Bobadilla mantiene una sola vía para conectar el primer puerto de España con el resto de la península.–Una doble vía es imprescindible. La falta de Presupuestos ha impedido hacer un proyecto más ambicioso, pero al menos vamos a tratar que esté electrificado, que eso es elemental, para poder formar convoyes más largos y competitivos.–El Campo de Gibraltar es importante para el Gobierno, pero el 10 de septiembre dimitió el coordinador de la Administración General del Estado y hasta hoy (15 de octubre) no han dado a conocer a su sustituto.-Francisco Gil Sánchez es un buen profesional especializado en el ámbito educativo, un perfil que casa con esa orientación que queremos dar a nuestras políticas, hacia la formación y la educación. No queremos centrarlo todo en perseguir el narcotráfico porque las políticas deben ser más globales. Hay que cortar de raíz que muchos chavales se enganchen al mundo de narcotráfico.–Las competencias en materia educativa son autonómicas. ¿Va a haber algún tipo de financiación especial a la Junta para que adopte medidas en este ámbito?–Puede haber medidas complementarias, pero las políticas educativas deben financiarse sí, sí o sí a través del sistema ordinario de financiación autonómica.–Que lleva pendiente lustros.–Sí, lustros. El presidente del Gobierno ya ha anunciado que será una cuestión prioritaria en la nueva legislatura.–Se deduce de las palabras del presidente en funciones un cambio de orientación de los acuerdos para la próxima legislatura, caso de ganar los comicios: menos pactos con los nacionalistas y más con los partidos de ámbito nacional.–Bueno, estamos hablando de pactos de Estado con los partidos mayoritarios. El PSOE, estando en la oposición, apoyó al Gobierno del PP en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña en defensa de la integridad territorial de nuestro país. El PSOE estuvo a la altura de la situación, al igual que los alcaldes del PSC, que pasaron por situaciones muy difíciles.–Quim Torra insiste en que van a intentar proclamar la independencia.–Hechos: si Torra, Torrent o quien sea cometen acciones que quiebren el marco constitucional, evidentemente, se actuará.–¿No se ha sobrepasado aún los límites legales?–El Tribunal Constitucional ha dejado bien claro que no se pueden adoptar decisiones de manera preventiva, tiene que haber hechos. Si esto sucede, no hay ninguna duda de que lo haremos porque ya lo hicimos apoyando al Gobierno de Rajoy. Y, por supuesto, siendo Gobierno, con mayor razón. Esa es la posición que el presidente del Gobierno reclama ahora al resto de partidos, empezando por el PP, con el que hemos llegado a muchos acuerdos en asuntos relacionados con el terrorismo o internacionales en defensa de nuestro modelo constitucional. Eso debe ser así.