Los Barrios propone extinguir los contratos en fraude de ley

Primera reunión del nuevo alcalde barreño, Jorge Romero, con los sindicatos. El regidor municipal planteó ayer a los representantes de la junta de personal (funcionarios) y el comité de empresa (laborales) del Ayuntamiento la apertura de un proceso negociador para la optimización de los recursos humanos en la entidad municipal. Entre las medidas puestas sobre la mesa se encuentra la extinción de los contratos en fraude de ley, si bien el alcalde apostilló a Europa Sur que no se han cuantificado ni en número ni en coste, a la espera de conocer y pactar posibles alternativas con los sindicatos.

El objetivo es que el desembolso en las nóminas de todos los empleados municipales, incluida la Seguridad Social, no supere los 500.000 euros mensuales. Es una de las premisas incluidas en el documento Plan de saneamiento en vigor, diagnóstico y evaluación de la situación financiera del Ayuntamiento elaborado por RSM Gassó Auditores a instancias del Gobierno saliente.

Así, según el Gobierno local, se quiere procurar que el personal funcionario y laboral fijo tenga una estabilidad en cuanto al cobro al tiempo que los trabajadores salientes la posibilidad de disfrutar de la prestación por desempleo sin renunciar a la opción de obtener una plaza en plantilla tras los procesos selectivos que se vayan ofertando. "Estamos abiertos a toda negociación pero no debemos olvidar que hay que ser realistas. Nuestra intención es no echar a ningún trabajador, pero sí reajustar la plantilla a la situación económica tan nefasta en la que está inmersa el Ayuntamiento. Dar solución al problema con diálogo permanente con los sindicatos. Este día tenía que llegar", dijo Romero.

Desde el Gobierno señalaron que los contratos susceptibles de ser extinguidos se corresponden con "todos aquellos que mantienen una relación laboral indefinida en fraude de ley con el Ayuntamiento, motivados por el incumplimiento de las normas de derecho laboral por parte de los anteriores mandatarios del PSOE". En cualquier caso, el nuevo equipo se compromete a depurar responsabilidades de las personas que hayan creado unas expectativas por acudir a negociaciones contrarias a la legalidad. Los afectados percibirían una indemnización de 20 días por año trabajado, hasta un máximo de 12 mensualidades. Como contraprestación, se garantiza que la entidad no hará contratos en 24 meses que no vengan de los cauces selectivos (a los que podrían concurrir). Además, la propuesta recoge la negociación de inserción laboral en empresas privadas para los trabajadores afectos cuando realicen proyectos en el municipio.

También se propone renegociar el convenio colectivo para funcionarios y laborales, que según el gobierno está viciado de nulidades. Así, se plantea regularizar de forma inmediata la estructura salarial de la nómina de acuerdo con las previsiones legales al efecto, incluyendo en el complemente específico, de forma provisional hasta la valoración de los puestos de trabajo (RPT), las cantidades que cada trabajador tenga reconocida en nómina en el denominado plus de funcionalidad. Es otro de los compromisos del equipo de gobierno si se aprueba el documento.

También esta propuesta prevé que si tras la valoración de los puestos de trabajo diera un resultado menor al que venía percibiendo empleado, los emolumentos se verían garantizados mediante el oportuno Complemento Personal Transitorio Absorbible.

Otro de los objetivos es poder confeccionar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) si bien este documento no podrá culminarse "hasta que se racionalice la plantilla" y fomentar la formación y promoción interna.

El presidente de la junta de personal, Raimundo Pérez (CSIF), comentó que todas las centrales presentarán sus propuestas de cara al consenso. La próxima reunión está prevista para el viernes, cuando concluye el plazo para presentarlas. Romero abogó por la responsabilidad a los sindicatos con el fin de negociar una salida.